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El Gobierno ha presentado con entusiasmo un «ambicioso» paquete de medidas contra la corrupción. Sin embargo, una revisión crítica de las propuestas revela que muchas ya están en marcha, otras fueron previamente suprimidas por el propio Ejecutivo, y algunas despiertan serias dudas sobre su efectividad o incluso su independencia.
Pedro Sánchez ha hecho públicas 15 propuestas bajo el nombre de Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, con el objetivo declarado de reforzar la transparencia y combatir los abusos institucionales. No obstante, entre las iniciativas destacan elementos que, más que innovadores, parecen reciclados o estratégicamente simbólicos. Es el caso del traspaso de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, una medida que el Ejecutivo plantea como un avance, justo en un momento en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —nombrado por el propio Gobierno—, está siendo investigado por su papel en una presunta campaña contra Isabel Díaz Ayuso. Ejemplar.
En esta línea, resulta paradójico que el Gobierno proponga fortalecer la autonomía de la Fiscalía cuando hace apenas días los fiscales protagonizaban una huelga histórica en defensa de su independencia. Además, la creación de nuevas unidades especializadas en delitos contra la Administración Pública ha generado malestar interno entre los fiscales Anticorrupción, que denuncian una duplicidad de funciones sospechosamente orientada a controlar casos incómodos para el poder.
Entre las iniciativas más polémicas se encuentra también la propuesta de que el CIS, dirigido por José Félix Tezanos, realice una encuesta anual sobre percepción de la corrupción. Teniendo en cuenta las reiteradas críticas a la falta de neutralidad del organismo bajo su dirección, ¿es realmente esta una herramienta eficaz o simplemente un instrumento de legitimación?
El plan también recoge propuestas como endurecer penas, recuperar delitos previamente derogados —como la administración desleal de patrimonio público— o ampliar plazos de prescripción en casos de corrupción. Sin embargo, se omite que fue el propio Ejecutivo quien modificó estos marcos legales en el pasado reciente, particularmente en el contexto del procés catalán.
Por otra parte, se plantea la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública, a pesar de que ya existen varios organismos que cumplen funciones similares. ¿Apuesta real por la transparencia o duplicidad institucional con fines cosméticos?
El documento incluye medidas de tecnificación como el uso de Inteligencia Artificial en los procesos de contratación pública, pero no se detalla cómo se evitarán los riesgos de opacidad o manipulación de estos sistemas. Asimismo, se promete una lista de empresas corruptoras y la imposición de sistemas de compliance, aunque la experiencia muestra que muchos de estos sistemas ya existen y, en la práctica, tienen poco impacto real.
En definitiva, el plan anunciado por La Moncloa mezcla propuestas técnicas con gestos simbólicos, pero deja una sensación de superficialidad e incluso de oportunismo. A falta de respuestas claras sobre el control interno y la politización de los organismos de justicia y transparencia, la iniciativa parece más un intento por reconquistar el relato perdido que una verdadera ofensiva contra la corrupción estructural.
