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En lugar de una defensa firme o de un propósito claro de enmienda, el presidente del Gobierno optó por la contención. Pedro Sánchez compareció ante el Congreso no tanto para aclarar los escándalos de corrupción que salpican a su entorno, como para ganar tiempo y tratar de evitar una desbandada entre sus aliados parlamentarios. Lo logró a medias: ningún grupo rompió filas, pero tampoco hubo entusiasmo por blindar su continuidad.
La mayoría de socios que lo auparon a La Moncloa entienden que el desgaste del PSOE puede acabar afectándolos, pero, por ahora, anteponen sus propios intereses a una ruptura inmediata. Algunos —como Junts o el PNV— se mantienen en posición de fuerza, negociando concesiones clave mientras señalan que el apoyo es provisional. Otros —ERC o Sumar— piden explicaciones, pero no cierran la puerta a sostener un gobierno que ya parece más en modo supervivencia que en impulso político.
El debate parlamentario no despejó incógnitas, y el presidente no asumió responsabilidades políticas más allá de una genérica admisión de errores en la elección de sus colaboradores —Ábalos, Cerdán, Salazar—. En vez de esclarecer hechos, Sánchez optó por diluirlos en un relato que presenta la corrupción como una constante sistémica en todos los gobiernos democráticos. Un planteamiento arriesgado para quien pretende liderar la regeneración institucional.
Entre promesas vagas y un plan de limpieza institucional aún sin concreción, el presidente anunció una “Agencia Independiente de Integridad Pública”, que según dijo, ha sido diseñada con apoyo de la OCDE. Sin embargo, en sus propias filas y entre sus socios se muestran escépticos sobre su eficacia y alcance. Pese a apelar a una supuesta ética personal y una trayectoria política limpia, el mensaje no caló entre los grupos parlamentarios que lo sostienen.
La oposición, como era previsible, no le concedió tregua. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, cargó con dureza contra Sánchez y acusó al Ejecutivo de haber nacido de un pacto espurio. Subió el tono hasta rozar el terreno personal, citando a familiares del presidente y acusándolo de beneficiarse de un entramado turbio vinculado al negocio del proxenetismo. Un ataque que, aunque mediáticamente potente, plantea interrogantes sobre los límites del debate político y la estrategia del PP para capitalizar el desgaste del Gobierno.
Los nacionalistas vascos del PNV sorprendieron al distanciarse con mayor firmeza de lo habitual. Maribel Vaquero, su portavoz, acusó a Sánchez de diluir la responsabilidad como “tinta de chipirón” y dejó claro que no respaldarán un gobierno en caída libre que no aclare los hechos ni marque rumbo. Su margen de apoyo está vinculado, eso sí, a la negociación de traspasos en materia de Seguridad Social.
Mientras tanto, Junts recuerda que su respaldo sigue condicionado al cumplimiento de sus exigencias independentistas. ERC, algo más comedido, avisa de que si los casos se extienden más allá del ya conocido triángulo Koldo-Ábalos-Cerdán, “la gente deberá decidir”. La sombra de unas elecciones anticipadas planea de nuevo sobre el tablero político.
Yolanda Díaz, por su parte, optó por un perfil bajo y protector. Lejos de marcar distancia como líder de Sumar, se alineó con Sánchez en su enfrentamiento con el PP, eludiendo exigir una depuración interna seria. Su papel dejó a muchos preguntándose hasta qué punto su proyecto político está dispuesto a sostenerse en la inercia del Ejecutivo actual.
En resumen, el Gobierno mantiene el pulso pero no la iniciativa. Sánchez se escuda en un discurso ético mientras evita afrontar de lleno una crisis que amenaza con fagocitar su credibilidad. Sus aliados, aunque aún no le sueltan la mano, comienzan a calcular el precio de seguir unidos a un proyecto que ya nadie identifica con la palabra “regeneración”.
