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Pedro Sánchez presenta su plan anticorrupción como si fuera una revolución institucional. Pero acabo de leer que las asociaciones judiciales lo tildan de maquillaje. Lo cierto es que el problema no es la falta de medidas, sino de credibilidad.
El plan anticorrupción de Pedro Sánchez: exfoliante institucional y sin resultados.
Promete IA, agencia nueva y penas más duras. Lo que no promete es dejar de controlar la Fiscalía o dotar a la Justicia de medios reales. España es ese país donde la corrupción se combate con power points.
En política, como en cosmética, hay productos que prometen una piel nueva y lo único que hacen es darte brillo. Pedro Sánchez, que domina el arte del maquillaje como pocos líderes europeos, acaba de aplicar una generosa capa de corrector sobre la corrupción institucional con un plan de 15 medidas que, según algunas asociaciones de jueces, huelen más a perfume electoral que a limpieza profunda.
La estrategia es conocida: cuando el ambiente huele a podrido, se presenta un plan y lo pagas con los presupuestos que no tienes y lo llenas de nuevos amiguetes afines. El zorro cuidando las gallinas.
Si puede contener palabras como transparencia, IA, agencia independiente y cultura de integridad, tanto mejor. Todo suena a innovación, aunque en el fondo estemos ante un refrito de compromisos que no cumplirá.
España es un país donde, si uno observa el BOE, parece que la lucha contra la corrupción avanza a pasos de gigante. Desde 2015 se han endurecido penas, creado leyes de transparencia, oficinas de buen gobierno y hasta portales con infografías que harían sonrojar a una ONG sueca. Pero, si se baja al barro, a la sala de vistas de un juzgado de instrucción de Tenerife o Talavera, la historia cambia: el juzgado no tiene LAJ (antiguos secretarios), el fiscal comparte despacho, si es que lo tiene, y el funcionario lleva dos meses esperando que le arreglen el ordenador. ¿De qué sirve endurecer las penas si la maquinaria está gripada?
María Jesús del Barco, presidenta de la APM, lo ha dicho sin rodeos: el plan es maquillaje. Que es como decir que te ofrecen cirugía mientras lo único que hacen es ponerte un filtro de Instagram.
IA para detectar corruptos… pero sin detectar al fiscal general.
Una de las estrellas del plan es la aplicación de Inteligencia Artificial a los procedimientos de contratación. Un planteamiento futurista, sin duda. Que se use IA para ver si una empresa cumple requisitos, cuando el gran problema de la corrupción en España es quién pone a dedo al que firma, recuerda a ese paciente que acude al médico con una puñalada y recibe una charla sobre nutrición saludable.
Y, mientras tanto, seguimos con una Fiscalía bajo férreo control del Ejecutivo, jueces de instrucción desbordados y un Consejo General del Poder Judicial secuestrado por la guerra partidista. ¿De verdad este es el momento de hablar de nuevas agencias, cuando la vieja agencia —el Estado de Derecho— está bajo mínimos?
El Gobierno promete, además, que las empresas condenadas por corrupción no podrán contratar con el Estado. Medida que ya existe. Que ya se incumple. Y que, si uno pregunta en la CNMC o en los tribunales contencioso-administrativos, se convierte en papel mojado mediante recursos, medidas cautelares y la sempiterna tolerancia institucional.
También se plantea proteger más a los denunciantes. Excelente. Pero mientras se siga dejando a quienes levantan alfombras a merced de represalias —pérdida de empleo, aislamiento, cierre de canales en las redes, limitación a ejercer de periodista, procedimientos disciplinarios— lo único que se fomentará es el silencio. No hay cultura de integridad que resista en una estructura donde el conformismo se premia más que la ética.
Lo más revelador es el destinatario real de este plan: no el juez de instrucción ni el ciudadano cabreado con el caso Koldo. El destinatario es Bruselas. Se nota en la prosa, en el cronograma de evaluación (12 y 24 meses, como las subvenciones), y en ese recurso tan socorrido de poner a la OCDE como testigo de cargo. El problema es que los burócratas comunitarios tienen muchas virtudes, pero no suelen pasar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona para ver cómo se instruye una causa por cohecho con un solo funcionario y dos archivadores oxidados.
En definitiva, este plan es un instrumento de supervivencia política, no de regeneración democrática. No busca limpiar el sistema, sino ofrecer un relato mientras se amnistía a socios incómodos, se nombra a fiscales generales afines y se posterga la renovación de órganos esenciales.
Y aun así, aplaudirán.
Pese a todo, el plan tendrá su cuota de palmeros. Editorialistas hablando de “avance normativo”, tertulianos celebrando el “compromiso institucional” y algún que otro académico dispuesto a poner su firma por una consultoría futura. Porque así funciona el ecosistema: mientras se mantenga la apariencia, nadie exigirá que la cirugía sea real.
Si queremos hablar en serio de corrupción, hay que empezar por lo básico: independencia judicial, recursos reales, controles efectivos y voluntad política para que los amiguetes también rindan cuentas.
Lo demás, lo sentimos, es cosmética.
