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La negativa del Gobierno español a incrementar el gasto militar hasta el 5% del PIB ha tensado al máximo las relaciones con Estados Unidos en plena cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya. El desencuentro ha sido amplificado por el presidente estadounidense Donald Trump, que, con tono incendiario y desde su habitual estrategia de confrontación mediática, ha convertido a España en diana de sus críticas. El motivo: Pedro Sánchez se planta frente a una exigencia que ni siquiera está oficialmente establecida en los acuerdos de la Alianza.
La escenografía del desencuentro no ha pasado desapercibida. En la cena oficial, Sánchez fue situado lejos de la mesa presidencial, mientras Trump disfrutaba del lugar de honor. Aunque detalles como estos no son casuales en diplomacia, lo relevante es el trasfondo: el Gobierno español ha confirmado por carta que no asumirá la escalada presupuestaria impuesta por Washington, y mantendrá el límite del 2% comprometido previamente, amparándose en criterios técnicos y de sostenibilidad presupuestaria.
Mientras tanto, Trump ha recurrido a su habitual táctica de presión mediática. Desde el Air Force One, publicó un gráfico en redes sociales acusando a España de “descarrilar la cumbre” y señalándola como el país con menor inversión relativa en Defensa. A esto se suman declaraciones agresivas en las que acusa a nuestro país de ser injusto con el resto de aliados. Pero el Gobierno español, lejos de entrar en la provocación, ha optado por un perfil institucional: contactos diplomáticos discretos, reafirmación de su compromiso con la OTAN, y rechazo a una política de bloques impuesta a golpe de tuit.
Resulta paradójico que Trump, impulsor de una política exterior unilateralista y volátil durante su mandato, exija ahora unidad férrea y sacrificios económicos extremos a sus aliados. Más aún cuando él mismo ha cuestionado en el pasado la necesidad de mantener compromisos con la OTAN. El giro de guion tiene más de cálculo electoral que de coherencia estratégica, y evidencia una utilización partidista de la diplomacia internacional.
España, por su parte, no sólo se enfrenta a las presiones externas, sino también a una compleja situación interna. El reciente escándalo de corrupción que salpica al PSOE, con implicaciones en la UCO y figuras clave del entorno de Sánchez, ha colocado al Ejecutivo contra las cuerdas. En este contexto, una cesión sin condiciones a Washington habría sido difícilmente asumible para sus socios de Gobierno. Partidos como Sumar, ERC o Bildu ya se mostraron contrarios incluso al aumento hasta el 2%, y ceder a una cifra simbólicamente alta como el 5% habría tensado hasta la ruptura los ya frágiles equilibrios parlamentarios.
Lejos de buscar consenso, la cumbre parece haberse diseñado para forzar alineamientos. Las declaraciones finales han optado por la ambigüedad semántica —evitando expresiones como “todos los aliados”— precisamente para permitir interpretaciones divergentes. En otras palabras, para que cada país pueda vender en casa su propia versión del acuerdo. Una muestra de que la Alianza, más que cohesionada, se encuentra fragmentada en su narrativa y en sus prioridades.
Mientras Alemania y Reino Unido anuncian su intención de alcanzar el umbral del 5%, el Ejecutivo español insiste en que su negativa es conocida, pública y legítima. “España es un socio serio y fiable”, repiten en La Moncloa, conscientes de que el ruido mediático es una cosa, y la política de defensa sostenible otra bien distinta.
Así, mientras Trump se enzarza en un pulso geopolítico de cara a su electorado, el Gobierno español se juega en esta cumbre algo más que su presupuesto militar: su credibilidad interna, su estabilidad parlamentaria y, posiblemente, su margen de maniobra en una legislatura que cada día parece más agotada.
