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Una vez más, la política nacional española ha cruzado los Pirineos para convertirse en un espectáculo en el corazón de Europa. Lo que en teoría debía ser un debate sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial en España, se transformó en Estrasburgo en una sucesión de ataques dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizando como argumento los recientes casos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO), en los que se ven implicados su entorno familiar y figuras cercanas al PSOE.
La intervención más comentada fue la del eurodiputado sueco Tomas Tobé, del Partido Popular Europeo, quien —con un tono más propio de campaña que de análisis jurídico— vinculó directamente al presidente con una supuesta degradación institucional en España. “Corrupción. Abuso de poder. Debilitamiento de las instituciones”, enumeró, antes de concluir con un “Mr. Sánchez, the fiesta is over” que levantó más aplausos que argumentos.
El Partido Popular, fiel a su promesa de convertir el debate en una ofensiva contra el Gobierno, optó por ceder protagonismo a sus aliados internacionales, una estrategia que buscaba reforzar la idea de que el escándalo trasciende las fronteras españolas. Pero, en el fondo, ¿es realmente Europa el espacio para resolver estas tensiones? Para algunos, esta internacionalización forzada huele más a táctica política que a preocupación genuina por el estado de derecho.
Desde el PSOE, eurodiputados como Javier Moreno o López Aguilar cuestionaron la validez del debate, recordando que España cuenta con un sistema judicial independiente que actúa con autonomía. El eurodiputado Nicolás González incluso recurrió a la memoria del caso Marcial Dorado —relacionado con el pasado de Alberto Núñez Feijóo— para denunciar la doble vara de medir de sus oponentes.
El debate se tornó aún más áspero con las intervenciones del grupo de extrema derecha. Jorge Buxadé (Vox) no se contuvo al utilizar un lenguaje explícito y soez, mencionando directamente “putas” al referirse a las conversaciones entre el exministro Ábalos y su antiguo colaborador Koldo García, elevando el tono hasta niveles que muchos consideran indignos del Parlamento Europeo.
El bloque ultraconservador reforzó el ataque con la participación de eurodiputados próximos a Giorgia Meloni, como Diego Solier y Nora Junco. Esta última, envuelta en una bandera española, aseguró que “le duele España”, un gesto que, si bien simbólicamente potente, no aportó contenido sustantivo al debate.
El uso del Parlamento Europeo como tribuna partidista genera dudas sobre la instrumentalización de las instituciones comunitarias con fines internos. Mientras unos ven una necesaria denuncia internacional, otros advierten del peligro de convertir a Europa en árbitro de disputas que deberían resolverse en el ámbito nacional. Lo cierto es que, en este episodio, el Estado de Derecho ha sido más un pretexto que un objetivo real.
