⏱ 3 min de lectura
En lugar de liderar, Pedro Sánchez parece hoy más dedicado a sobrevivir. Acorralado por un contexto de desgaste institucional y la sombra de una presunta trama de corrupción que salpica a su entorno, el presidente del Gobierno se enfrenta no solo a la oposición, sino al cálculo frío de sus propios aliados parlamentarios, que ya no ocultan que su apoyo tiene un precio, y cada vez más alto.
La aparente estabilidad que proporcionó el bloque de investidura se ha tornado en una alianza oportunista, donde cada partido mide sus movimientos en clave de rentabilidad política. Sumar, lejos de actuar como socio leal, ha aprovechado la coyuntura para reclamar protagonismo y exigir la ejecución de medidas que, según ellos, han sido sistemáticamente postergadas por el PSOE. Desde dentro de la coalición, sus distintas corrientes lanzan órdagos públicos, cuestionando la continuidad del Gobierno si no se rompe con la “vieja política”.
Mientras tanto, partidos como Junts y ERC hacen valer el poder de su voto exigiendo avances concretos en el proceso independentista catalán. La reciente imagen de Sánchez reuniéndose con Jordi Turull, condenado por el procés, no ha pasado desapercibida y reaviva la discusión sobre los límites de la negociación política cuando esta se mezcla con demandas de impunidad judicial.
En paralelo, PNV y Bildu, cada uno con su agenda propia, también elevan el tono. Los nacionalistas vascos quieren garantías presupuestarias y mayor control sobre competencias clave como la Seguridad Social. Bildu, por su parte, insiste en redefinir el modelo de Estado, reclamando el reconocimiento de una España “plurinacional”, un debate aún sin resolver ni dentro del Ejecutivo ni en la sociedad.
La única fuerza que ha optado por desmarcarse sin dinamitar al Gobierno ha sido Podemos. Desde fuera del Consejo de Ministros, Ione Belarra ha sentenciado que Sánchez “ya no forma parte de la solución”, aunque ha descartado por ahora apoyar una moción de censura o facilitar un relevo. Un aviso más que una ruptura.
Ante esta tormenta, la respuesta del presidente ha sido la de ganar tiempo. Moncloa inició contactos discretos con sus socios tan pronto estalló el caso de corrupción, y se ha limitado a prometer la reactivación de medidas sociales y reformas largamente pospuestas. Es un intento de apagar fuegos con promesas, en vez de asumir responsabilidades políticas o abrir una investigación interna transparente que devuelva cierta confianza.
Fuentes del Ejecutivo insisten en que “la mayoría parlamentaria sigue intacta”, y que “no hay voluntad real de tumbar al Gobierno”. Pero ese análisis, más esperanzado que certero, parece ignorar una evidencia clave: Sánchez ya no marca el paso de la legislatura. Lo marcan sus socios. Y cada uno lo hace con una agenda distinta, muchas veces incompatible entre sí.
El bloque que permitió la investidura no se ha roto, pero ha mutado. De ser una alianza de gobernabilidad ha pasado a ser una red de intereses cruzados donde cada votación se decide en tiempo real y al mejor postor. La pregunta ya no es si el Gobierno puede legislar. La verdadera incógnita es cuánto está dispuesto a ceder para seguir en pie.
