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La cúpula del Gobierno ha optado por cerrar filas con un fervor poco habitual. En lugar de mostrar prudencia ante el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el Ejecutivo ha lanzado un mensaje rotundo: todo el apoyo, sin fisuras ni matices. No se trata de una defensa técnica ni jurídica. Es, más bien, una proclamación política que parece pasar por alto el contexto y las implicaciones del caso.
El Tribunal Supremo ha decidido sentar en el banquillo a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. La acusación se centra en la filtración de datos personales vinculados a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, un hecho de notable gravedad en cualquier democracia. Sin embargo, desde Moncloa la reacción ha sido casi automática: respaldo total. “Cuenta con nuestro apoyo”, declaró recientemente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin dejar espacio a la duda o a la autocrítica.
Pedro Sánchez, por su parte, no solo ha defendido públicamente al fiscal general, sino que incluso ha exigido disculpas a medios y partidos por cuestionar su conducta. La línea argumental del presidente es clara: no hay pruebas concluyentes, luego no hay caso. Pero esa afirmación, más que una valoración jurídica, suena a consigna. Sobre todo porque los hechos que sustentan el procesamiento no se basan en interpretaciones mediáticas, sino en decisiones de la más alta instancia judicial del país.
El mensaje lanzado por los ministros es uniforme: hay que creer en la inocencia del fiscal y, de paso, en la del propio Gobierno. “Estamos frente a una caza de brujas”, vino a decir la portavoz Pilar Alegría, quien llegó a calificar la investigación judicial de “escenario paranormal”. En su opinión, el fiscal simplemente trató de desmentir una noticia falsa, sin reparar en que lo hizo presuntamente vulnerando la ley. Una interpretación generosa, si no directamente irresponsable.
El problema no es tanto la presunción de inocencia, que debe regir para cualquier ciudadano, sino la falta de distancia crítica con una figura institucional que debería operar al margen de afinidades políticas. Convertir a García Ortiz en un símbolo partidista, en lugar de garantizar su neutralidad, es una jugada arriesgada. Sobre todo porque proyecta una imagen inquietante: la de un Ejecutivo que se aferra a sus piezas clave incluso cuando la justicia empieza a cuestionarlas.
En un momento en que la confianza en las instituciones se tambalea, la postura del Gobierno plantea una pregunta incómoda: ¿defiende a una persona o defiende una estrategia de poder? Porque si el fiscal general es inocente, deberá demostrarlo en el juicio. Pero si es culpable, la responsabilidad de haberlo blindado públicamente no será solo suya, sino también de quienes decidieron acompañarlo hasta el final, sin hacer preguntas.
