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Lo que debería haber sido un espacio de cooperación institucional entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, terminó convertido en un escenario de confrontación partidista. La última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona, dejó poco margen para los acuerdos y demasiado espacio para las estrategias electorales. Lo que parecía una cita de trabajo, se transformó en un escaparate de reproches, gestos simbólicos y maniobras de presión al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Desde el primer momento, el ambiente fue cualquier cosa menos constructivo. Gestos como la retirada de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante las intervenciones en euskera y catalán, o los enfrentamientos verbales con la ministra de Sanidad, Mónica García, marcaron el tono del encuentro. Lejos de quedar como anécdotas, estos episodios pusieron de relieve un clima donde las diferencias políticas eclipsaron la posibilidad de diálogo institucional.
Con una intervención larga y sin límite de tiempo, Sánchez apeló a «dejar la crispación en el perchero» y pidió a los presidentes «honestidad y espíritu constructivo». Sin embargo, esa invitación cayó en saco roto: los líderes autonómicos del Partido Popular, en una actuación coordinada, exigieron la convocatoria inmediata de elecciones generales. No se trató de un comentario aislado, sino de un guion milimetrado que siguieron uno tras otro. Desde Alfonso Rueda hasta Juanma Moreno o María José Sáenz de Buruaga, la consigna era clara: aprovechar el foro institucional para desgastar políticamente al presidente.
Mientras tanto, Sánchez respondió con una negativa rotunda: no habrá elecciones hasta 2027. Aseguró que el Gobierno respetará los plazos democráticos y que no se dejará arrastrar por “presiones oportunistas”. Una afirmación que parece más una declaración de resistencia que una señal de fortaleza.
En medio del cruce de acusaciones, hubo poco espacio para los contenidos concretos. Uno de los escasos anuncios de calado fue la intención del Ejecutivo de limitar la expansión de los centros privados de Formación Profesional. Al igual que con las universidades privadas, Sánchez planteó la necesidad de imponer criterios estrictos para evitar el negocio educativo a costa de la calidad y el alumnado vulnerable. Sin embargo, este tipo de propuestas, relevantes pero técnicas, quedaron enterradas bajo el ruido político.
Resulta preocupante que un órgano como la Conferencia de Presidentes, diseñado como espacio de diálogo y coordinación multilateral, se haya transformado en una plataforma para la disputa partidista. El uso instrumental de las instituciones para la escenificación política no es nuevo, pero adquiere una nueva dimensión cuando se normaliza.
El problema no es solo de formas. Cuando el foco está en el espectáculo, las políticas reales quedan relegadas. Los retos compartidos, como la vivienda, la financiación autonómica o el equilibrio entre oferta pública y privada en la FP, siguen sin resolverse. Y mientras tanto, la ciudadanía asiste, una vez más, al eterno juego de la confrontación, sin respuestas claras ni consensos efectivos.
