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Mientras miles de menores no acompañados continúan atrapados en un limbo legal en Canarias, el Gobierno de España acumula ya tres avisos del Tribunal Supremo por su inacción. La situación ha llegado a tal punto que el Alto Tribunal advierte de posibles medidas coercitivas si la administración central no empieza, por fin, a cumplir con sus obligaciones más básicas: garantizar los derechos de protección internacional que la ley reconoce a estos menores.
En una decisión sin precedentes por su tono y severidad, el Supremo da un plazo «improrrogable» de 30 días al Ejecutivo para dotar de personal y medios materiales a las oficinas encargadas de tramitar solicitudes de asilo. También exige, en apenas dos semanas, una colaboración efectiva con el Gobierno canario, incluyendo recursos concretos y un calendario de actuación. No cumplir esta orden supondría no solo sanciones económicas reiteradas, sino incluso la derivación del caso a la jurisdicción penal.
Detrás del lenguaje técnico del auto judicial se esconde una realidad incómoda: España está dejando a menores en situación de extrema vulnerabilidad fuera del sistema de protección internacional. Y lo está haciendo con conocimiento de causa. Dos advertencias previas del Supremo no sirvieron para activar ni una sola evaluación individual de los menores ni para establecer un listado claro de su situación jurídica. De hecho, ni siquiera hay constancia de que se haya intentado organizar ese proceso.
Lejos de tratarse de un error burocrático o de un problema de coordinación, lo que se está señalando aquí es una desobediencia institucional prolongada. El Gobierno ha eludido responsabilidades que, por ley, son exclusivamente suyas. Es el Estado, y no las comunidades autónomas, el que debe tramitar las solicitudes de asilo. Sin embargo, Canarias ha asumido en solitario la atención material de estos menores, a pesar de sus limitaciones estructurales y del colapso del sistema.
El Supremo va más allá al advertir que, si no se identifican los responsables de esta cadena de negligencias, se considerará que lo son los ministros implicados. En este contexto, los nombres de Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) emergen como posibles destinatarios de sanciones si la situación no cambia.
Pero la cuestión va más allá de los nombres propios. Este caso plantea un dilema de fondo: ¿cómo es posible que un Estado miembro de la Unión Europea, sujeto a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, tolere la vulneración sistemática de los derechos de menores migrantes?
Mientras tanto, las vidas de cientos de niños y adolescentes siguen paralizadas, convertidas en peones de una batalla jurídica entre instituciones que parece ignorar lo esencial: su condición de menores, su desprotección y su derecho —no opción— a ser tratados como solicitantes de asilo.
