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La separación de poderes, principio esencial en cualquier democracia madura, parece cada vez más erosionada en España. Esta semana, el Congreso ha vuelto a ser escenario de una estrategia de dilación política que, según denuncian varios grupos parlamentarios, busca blindar al presidente del Gobierno ante una comparecencia incómoda relacionada con el escándalo conocido como el ‘caso Leire Díez’.
El foco del conflicto está en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha evitado incluir en la Mesa del Congreso la petición de comparecencia del presidente y otros altos cargos del Ejecutivo. Esta omisión, aparentemente técnica, retrasa deliberadamente la posibilidad de que el pleno del Congreso se pronuncie antes del cierre del periodo de sesiones. En consecuencia, Pedro Sánchez podría evitar rendir cuentas hasta después del verano… si es que lo hace.
Desde el Partido Popular se acusa directamente a Armengol de ejercer como “muro de contención” para proteger al Gobierno. “Un árbitro comprado”, en palabras de su portavoz Miguel Tellado, que no ha dudado en calificar de “mafiosa” la estrategia del Ejecutivo. A esta crítica se suman otras voces de la oposición, incluidos grupos que tradicionalmente han apoyado al Gobierno, como ERC y Podemos, que han registrado peticiones paralelas de comparecencia. La exigencia común: explicaciones claras y urgentes sobre el papel de Leire Díez, exasesora del PSOE, supuestamente implicada en prácticas opacas que involucran al núcleo duro de Ferraz.
La maniobra no es nueva, pero sí especialmente descarada. El retraso en la calificación de la petición implica que, en el mejor de los casos, la comparecencia se agendaría para la última semana de junio. Una fecha en la que el presidente ya tiene previsto asistir a una cumbre internacional, lo que de facto impediría su presencia en el Congreso. El mecanismo institucional se convierte así en un escudo perfectamente legal, aunque democráticamente cuestionable.
Podemos ha endurecido su postura, acusando al presidente de «atrincherarse» en el silencio y advirtiendo que cada día sin explicaciones debilita la credibilidad del Gobierno. Ione Belarra fue aún más allá al insinuar que tanto el caso Díez como su tratamiento institucional destapan una red de “cloacas” que ni el PSOE ni sus ministros parecen interesados en desmontar.
La pregunta de fondo es si el sistema político español está preparado para rendir cuentas o si sus mecanismos institucionales pueden ser instrumentalizados al servicio del poder de turno. Lo que se discute ya no es solo una comparecencia, sino el respeto al Parlamento como espacio de control democrático. Y la respuesta, por ahora, parece tan esquiva como el propio presidente.
