En un hito histórico para el proceso de paz en Colombia, la disidencia del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) conocida como los Comuneros del Sur se convirtió este sábado en el primer grupo armado en entregar formalmente sus armas al gobierno del presidente Gustavo Petro, marcando un avance significativo en su ambiciosa política de «Paz Total». El evento, celebrado en la ciudad de Pasto, en el suroeste del país, incluyó la firma de dos acuerdos entre los rebeldes y el gobierno, así como la entrega de una tonelada de armamento, incluyendo minas terrestres, granadas y cohetes, que están siendo destruidos por una unidad del ejército.
Durante la ceremonia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el momento como “histórico”, destacando que representa el primer éxito tangible de la estrategia de paz de Petro, lanzada en 2022 con el objetivo de negociar simultáneamente con todos los grupos armados ilegales del país. Royer Garzón, uno de los líderes de los Comuneros del Sur, afirmó en el acto que “consideramos que la lucha armada es obsoleta, que hay nuevos tiempos y nuevas necesidades. Nos negamos a regresar a la guerra”. Con esta decisión, aproximadamente 300 miembros del grupo iniciarán un proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil, un paso clave hacia la estabilización de las regiones afectadas por el conflicto.
Los Comuneros del Sur, que hasta mayo de 2024 formaban parte del ELN –el grupo guerrillero más antiguo y numeroso de Colombia, con unos 6.000 combatientes–, se separaron de la estructura principal tras diferencias estratégicas, especialmente por su disposición a negociar con el gobierno. Esta fractura, que irritó a la cúpula del ELN y estancó las negociaciones nacionales con el grupo, ahora se convierte en un punto de inflexión. El presidente Petro, quien asistió al evento, celebró el acuerdo como una prueba de que su enfoque dialogante puede generar resultados, a pesar de los múltiples reveses que ha enfrentado su iniciativa de «Paz Total» en los últimos años.
Sin embargo, el éxito con los Comuneros del Sur no elimina los desafíos pendientes. Las negociaciones con el ELN principal, así como con otras facciones como el Estado Mayor Central (EMC) y el Clan del Golfo, han enfrentado obstáculos significativos, incluyendo violaciones de ceses al fuego, ataques armados y divisiones internas. Hace apenas unos meses, en septiembre de 2024, Petro suspendió las conversaciones con el ELN tras un ataque con explosivos que dejó dos soldados muertos y más de 20 heridos en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. Aunque las conversaciones se reanudaron posteriormente, el progreso ha sido lento, y la violencia en regiones como Catatumbo y el sur del país sigue siendo un obstáculo.
El acuerdo con los Comuneros del Sur también ocurre en un contexto de creciente presión internacional y nacional sobre Petro. Según posts encontrados en X este domingo, algunos usuarios celebran el desarme como un “primer fruto” de la «Paz Total», mientras que otros lo ven como un gesto aislado que no resuelve la violencia generalizada. Estas opiniones, sin embargo, deben tratarse con cautela, ya que reflejan sentimientos más que hechos comprobados. Además, la comunidad internacional, incluyendo la ONU y países garantes como Venezuela, Cuba y Noruega, ha seguido de cerca el proceso, instando a todas las partes a mantener el compromiso con el diálogo.
El gobierno colombiano ha enfatizado que este desarme no implica una suspensión de operaciones militares contra otros grupos armados, pero sí abre una ventana de oportunidad para negociar con facciones disidentes más pequeñas. El proceso de reintegración de los Comuneros del Sur incluye beneficios legales, como reducciones de penas y protección para quienes revelen información sobre rutas de narcotráfico o finanzas ilícitas, bajo el marco de la Ley de Orden Público modificada por la administración Petro.
A pesar de este avance, analistas advierten que la «Paz Total» sigue enfrentando retos estructurales, como la falta de presencia estatal en áreas rurales, la competencia entre grupos armados por el control de rutas de droga y minería ilegal, y la desconfianza mutua entre el gobierno y los rebeldes. Para muchos, el desarme de los Comuneros del Sur es un paso en la dirección correcta, pero no garantiza el fin del conflicto, que ha dejado más de 450.000 muertos en seis décadas.
El presidente Petro, quien fue guerrillero en su juventud como miembro del M-19 antes de su desmovilización en 1990, ha reiterado su compromiso con la paz, pero reconoce que el camino es complejo. “Hoy celebramos un avance, pero sabemos que la paz total requiere más esfuerzos, más diálogo y más voluntad de todas las partes”, declaró durante la ceremonia en Pasto. Mientras tanto, el mundo observa si este primer desarme puede ser el catalizador para una solución más amplia o si seguirá siendo una excepción en medio de un panorama de violencia persistente.
