El empresario Víctor de Aldama, figura central en la investigación de la trama que afecta a diversos ministerios, ha declarado este jueves ante la Audiencia Nacional arrojando nuevas sombras sobre la financiación del Partido Socialista. Durante su comparecencia, Aldama ha confirmado la existencia de un sobre con documentación sensible que, según sus palabras, vincula directamente el negocio de los hidrocarburos con la financiación ilegal tanto del PSOE como de la Internacional Socialista.
En una declaración marcada por la rotundidad, Aldama ha detallado cómo se gestaron las relaciones con los altos mandos del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ávalos. Según el empresario, las entregas de dinero en efectivo eran una práctica habitual para engrasar la obtención de licencias de operadoras de hidrocarburos. Ha especificado que llegó a entregar cantidades que oscilan entre los 40.000 y 50.000 euros a Koldo García y al propio exministro Ávalos con el objetivo de facilitar expedientes como el de la empresa Have Got Time.
Uno de los puntos más polémicos de su intervención ha sido la mención a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Aldama ha sugerido que parte de la información y los recursos manejados por la trama procedían de vínculos con el gobierno de Caracas, mencionando específicamente un sobre facilitado en su día por Rodríguez que contenía detalles sobre la operativa financiera del partido. Aunque ha negado haber entregado dinero directamente en la sede de Ferraz, como apuntaban algunas informaciones previas, ha insistido en que el destino final de las comisiones que él gestionaba era el entorno directo del exministro.
Aldama también ha aprovechado su comparecencia para desmarcarse de la gestión directa de Villafuel, asegurando que su papel se limitó a poner en contacto a los inversores con el Ministerio aprovechando su influencia. Ha relatado que, tras la salida de Ávalos del Gobierno en 2021, su relación con la cúpula se enfrió, coincidiendo con el momento en que se iniciaron procesos de desahucio relacionados con el chalet de la Alcaidesa, otro de los epicursos de la investigación. Con esta declaración, el empresario busca colaborar con la justicia mientras señala una red de intereses cruzados que, según él, va mucho más allá de una simple trama de comisiones por mascarillas.
