El Gobierno de Venezuela otorgó este lunes más poderes al presidente Nicolás Maduro mediante un decreto de “conmoción exterior”, equivalente a un estado de excepción según la Constitución. La medida, que tiene una vigencia de 90 días prorrogables, permite al mandatario desplegar a la Fuerza Armada en todo el país, tomar militarmente industrias estratégicas y servicios públicos, cerrar fronteras y activar a los 4,5 millones de milicianos que asegura tener el chavismo, según explicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo de la Nación, en la que Maduro aseguró que “Venezuela jamás será humillada por ningún imperio” y destacó la unidad del pueblo para defender la soberanía nacional. Rodríguez advirtió que no se permitirá que nadie “dentro o fuera del territorio promueva, facilite o haga apología” de una agresión militar externa.
La Constitución venezolana establece que un estado de conmoción exterior puede decretarse “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”. Maduro advirtió que cualquier ataque militar de Estados Unidos podría desencadenar “una guerra de proporciones continentales”.
Desde finales de agosto, la tensión entre Caracas y Washington se ha intensificado tras el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe para combatir el narcotráfico y la destrucción de embarcaciones con drones que, según EE.UU., pertenecían a cárteles de drogas. Donald Trump ha acusado a Maduro de controlar el tráfico de cocaína a través del llamado Cartel de los Soles, integrado por redes de corrupción en las fuerzas militares y civiles.
En respuesta, el chavismo ha reforzado la presencia militar en todo el país, entrenando a civiles y milicianos mediante simulacros de combate, evacuación y prácticas de tiro, además de aumentar la seguridad en los alrededores de edificios gubernamentales, incluido el Palacio de Miraflores.
El nuevo decreto, aún no publicado en la Gaceta Oficial, amplía la discrecionalidad del Estado y se suma a la emergencia económica de 60 días decretada el 8 de agosto, solapándose con medidas anteriores aplicadas entre 2016 y 2021 para enfrentar crisis económicas y sociales.
