La idea suena idílica: aplicar una bonificación del 75% en los parkings para residentes canarios, equiparándola al descuento que ya disfrutan en vuelos y transporte marítimo.
A primera vista, parece coherente con el principio de compensación por insularidad. Si el Estado reconoce que vivir en un territorio fragmentado encarece la movilidad, ¿por qué no extender ese mismo criterio al aparcamiento?
Pero claro, cuando se baja del titular a la ingeniería jurídica y presupuestaria, el asunto se vuelve bastante más complejo.
El descuento del 75% en vuelos no es una ocurrencia local ni una bonificación comercial, es una política pública estatal, regulada y financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Se justifica en la condición ultraperiférica de Canarias y en la necesidad de garantizar la conectividad interterritorial. Es decir, no es una ayuda al transporte en general, sino una herramienta de cohesión territorial.
Un parking, en cambio, no es jurídicamente un servicio público esencial de conectividad. Es un servicio urbano, muchas veces explotado en régimen concesional o directamente privado. Equipararlo al transporte aéreo implica cambiar por completo el marco conceptual.
¿Sería posible?
Sí, en términos legales. Un ayuntamiento podría modificar su ordenanza fiscal y establecer una bonificación para empadronados en aparcamientos municipales. También podría subvencionar a una empresa concesionaria para que aplique descuentos.
Pero esa decisión tendría consecuencias inmediatas. Alguien tendría que asumir el coste de ese 75%. Y no hablamos de cifras menores. En un aparcamiento de alta rotación en una capital insular, una bonificación masiva a residentes podría suponer millones de euros anuales en compensación pública.
O bien se cubre con dinero público —detraído de otros servicios— o se compensa subiendo tarifas a no residentes, lo que abre otro debate: ¿es razonable trasladar ese coste al visitante o al trabajador no empadronado?
Además, existe una tensión evidente con las políticas de movilidad sostenible. Mientras las administraciones impulsan el transporte público, la reducción del tráfico y la descarbonización, un descuento del 75% en parkings enviaría el mensaje contrario: usar el coche sale mucho más barato. En términos climáticos y urbanos, sería una señal contradictoria.
¿Alternativas?
Hay otro factor: el principio de igualdad. El descuento aéreo se aplica por residencia en Canarias frente al resto del territorio nacional. En el caso del parking, ¿sería por residencia en el municipio? ¿En la isla? ¿En la comunidad autónoma? Cada delimitación genera agravios comparativos potenciales y conflictos jurídicos.
Eso no significa que no existan alternativas razonables. Muchos municipios ya aplican tarifas reducidas para residentes en zonas de estacionamiento regulado o establecen abonos mensuales bonificados.
También podrían diseñarse descuentos selectivos: para trabajadores en hospitales, usuarios de puertos o aeropuertos, residentes en barrios con déficit de aparcamiento. Es decir, medidas quirúrgicas, no universales.
En el fondo, la comparación con el 75% aéreo es más simbólica que técnica. El descuento en vuelos compensa una desventaja estructural de vivir en una isla. El aparcamiento responde a decisiones individuales de movilidad dentro de la propia isla.
Por eso, aunque es posible aplicar un 75% en parkings no es equiparable jurídicamente al descuento aéreo. Al final, la verdadera pregunta es si este descuento sería coherente con el modelo de ciudad y territorio que se quiere construir.
No todo lo que suena a compensación insular es, necesariamente, una política sensata.
