El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que declara la emergencia nacional respecto a Cuba, calificando la situación en la isla como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional estadounidense. Esta medida faculta a la Casa Blanca para imponer aranceles adicionales a las importaciones de productos procedentes de cualquier país que venda o suministre petróleo al régimen cubano. Según el mandatario, esta decisión busca cortar las vías de supervivencia de un gobierno que se alinea con actores adversos a los intereses de Washington.
El impacto de este cerco energético es crítico para La Habana, que según informes de inteligencia dispone de reservas de combustible para apenas veinte días. El sistema arancelario propuesto por Trump funcionará como una sanción indirecta a terceros países, elevando el coste de sus exportaciones a Estados Unidos si mantienen sus intercambios energéticos con la isla.
Venezuela ha escenificado esta semana su ruptura definitiva con el modelo económico estatalista. La Asamblea Nacional ha aprobado una reforma histórica de la Ley de Hidrocarburos que abre la industria petrolera a la inversión privada y extranjera. Este giro responde a un acuerdo estratégico con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de noviembre y la instauración de una nueva presidencia encargada. El pacto permite que empresas occidentales retomen la actividad en suelo venezolano bajo la tutela del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La nueva legislación venezolana prohíbe explícitamente cualquier transacción que involucre a países como Rusia, China, Irán o la propia Cuba, asegurando que los ingresos del crudo se canalicen a través de cuentas controladas por el sistema financiero estadounidense. El acuerdo con Caracas prevé inversiones de hasta cien mil millones de dólares para recuperar la producción de PDVSA, que vuelve al mercado global bajo unas reglas de juego dictadas íntegramente por la Casa Blanca.
