El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha lanzado este sábado una declaración contundente que ha encendido la alarmas internacionales: pidió que el espacio aéreo “sobre y alrededor de Venezuela” sea considerado como “cerrado en su totalidad”. El aviso, en su red social Truth Social, iba dirigido a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, sin acompañarse de detalles técnicos ni operativos sobre cómo se pretende hacer cumplir tal cierre.
Según el comunicado, las autoridades estadounidenses quieren impedir cualquier vuelo sobre territorio venezolano, apuntando no solo al tráfico aéreo comercial, sino también a rutas clandestinas de narcotráfico y trata de personas.
Hasta ahora, las autoridades de Caracas han denunciado el anuncio como una agresión contra la soberanía del país y una “amenaza colonial” que recuerda a medidas de guerra aérea. Al mismo tiempo, varias compañías han empezado a reevaluar sus rutas —algunas incluso han cancelado vuelos— ante el temor de sanciones o incidentes derivados de la ambigüedad legal sobre la aplicación de la medida.
Fuentes militares y diplomáticas estadounidenses informan que, al menos públicamente, no existe hasta ahora ninguna orden formal de las Fuerzas Armadas ni del Departamento de Defensa para ejecutar un bloqueo aéreo. Por ello, el anuncio parece por ahora más un mensaje de máxima presión política que una directiva operativa.
Organismos de aviación y varias autoridades aéreas han advertido de los riesgos legales y de seguridad que implica un cierre unilateral de este tipo. Expertos en derecho internacional recuerdan que sólo el Estado venezolano —o un mandato explícito de la comunidad internacional— está facultado para declarar una zona de exclusión aérea sobre su territorio.
Muchos analistas ya advierten del riesgo de confrontaciones diplomáticas o incluso militares si la medida se pretende hacer efectiva, lo que podría desatar una crisis regional de graves consecuencias.
