El reciente acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat para avanzar hacia un modelo de financiación singular para Catalunya ha desatado una fuerte contestación política y territorial. No solo ha sido rechazado de manera frontal por los partidos de la oposición —PP, Vox y Podemos—, sino también por varios gobiernos autonómicos, incluidos algunos del propio PSOE como Castilla-La Mancha y Asturias.
El Partido Popular fue el primero en elevar el tono, calificando el acuerdo como una «asfixia» para el bolsillo de los ciudadanos. Su portavoz, Borja Sémper, reconoció la necesidad de una mejor financiación para Catalunya, pero criticó que se negocie “de espaldas a todos los españoles” y fuera del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano que reúne al Gobierno central y a todas las comunidades autónomas. Sémper acusó a Pedro Sánchez de romper el principio de igualdad y de ceder ante “el chantaje” de ERC para mantenerse en el poder.
Vox y Podemos también cargaron contra el pacto. Santiago Abascal lo calificó como una muestra de que “una mafia” gobierna solo para “permanecer en el poder”, mientras que Pablo Fernández (Podemos) lo vinculó a una cortina de humo para desviar la atención de los casos de corrupción y crisis internas en el PSOE.
La contestación no se limitó a los partidos. Desde Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page (PSOE) pidió “no tomar por tontos” a los ciudadanos y advirtió que el acuerdo parece responder más a “pagar favores” que a criterios técnicos. En Asturias, el Ejecutivo socialista liderado por Adrián Barbón se sumó al malestar y reclamó una negociación abierta a todas las autonomías.
Desde el bloque popular, las críticas fueron especialmente duras. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tildó la propuesta de “corrupción de Estado” y advirtió que España avanza hacia una “república plurinacional”. En Andalucía, Juanma Moreno anunció que su comunidad “hará valer su fuerza” ante lo que calificó como “un golpe duro a España”. En la misma línea, Castilla y León estudia acciones legales y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió del riesgo de “romper la caja común” y socavar la solidaridad territorial.
En Extremadura, la presidenta María Guardiola habló directamente de “saqueo”, y desde Aragón, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, tachó el modelo de “tropelía”. En Baleares, Marga Prohens denunció que Sánchez “paga su continuidad con el dinero de los ciudadanos”.
Desde Valencia, el Ejecutivo de Carlos Mazón alertó de que este es “un paso más hacia la ruptura del sistema autonómico y de solidaridad”, mientras que en Canarias, el presidente Fernando Clavijo (CC) denunció que el pacto significa “quitar dinero a los canarios para mandarlo a Catalunya”.
En contraposición a las críticas, Sumar celebró la apertura del debate sobre una reforma del sistema de financiación que consideran “imprescindible”. Desde la formación de Yolanda Díaz se pidió poner fin al “dumping fiscal” de la Comunidad de Madrid y dotar de más recursos a las autonomías.
También la patronal catalana Foment del Treball aplaudió el acuerdo, al considerarlo “un paso relevante hacia un sistema más justo, eficiente y adaptado a las necesidades específicas de Catalunya”.
Aunque el acuerdo aún no se ha concretado en una propuesta legislativa formal, su mera existencia ya ha reabierto el eterno debate sobre la equidad y sostenibilidad del sistema autonómico de financiación. Con el CPFF pendiente de convocarse y una legislatura marcada por una aritmética parlamentaria frágil, el futuro de este modelo singular está cargado de tensión política y con un largo camino institucional por recorrer.
