Varias ciudades francesas han instaurado toques de queda para menores en respuesta a un repunte de violencia urbana vinculada al tráfico de drogas y conflictos juveniles en barrios popularmente asociados a altos índices de inmigración. Las localidades más afectadas incluyen Limoges, Béziers y Nîmes, donde las autoridades han decidido restringir la circulación nocturna de menores no acompañados, en particular en zonas consideradas “sensible urbanas” — barrios marcados por la exclusión social, el desempleo y la falta de oportunidades.
En Limoges, el toque de queda para menores de 13 años se aplica desde el inicio de las vacaciones escolares: está prohibido salir entre las 23:00 y las 6:00 a menos que vayan acompañados por un adulto. Las zonas incluidas abarcan barrios como Beaubreuil, Val de l’Aurence y Bellevue, entre otros. A pesar de la medida, la alcaldía ha admitido que no ha logrado frenar incidentes violentos recientes en torno a carreteras donde jóvenes armados con barras metálicas y cócteles molotov atacaron a la policía.
En Béziers y Nîmes, los alcaldes han extendido los toques de queda para menores de hasta 15 o 16 años debido al incremento de agresiones y tiroteos vinculados al narcotráfico. El horario varía entre las 21:00 y las 6:00, según la localidad. En Nîmes, el alcalde Jean-Paul Fournier justificó la medida ante el clima de terror creado por bandas organizadas que convierten los barrios en zonas inseguras.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha destacado que esta medida se ha adoptado como respuesta a un deterioro sustancial del orden público juvenil y ha respaldado la adopción local de restricciones si están fundamentadas en riesgos concretos. Sin embargo, asociaciones de derechos civiles y partidos de izquierda han cuestionado la eficacia y legalidad de estas medidas, especialmente por su aplicación indiscriminada sobre barrios con alta densidad de población inmigrante, advirtiendo sobre el riesgo de estigmatización.
El académico Frédéric Biedak, de la policía municipal, ha señalado que el incumplimiento del toque de queda puede derivar en detención de menores y multas de hasta 150 euros para los padres, pero advierte que la medida es difícil de aplicar sin controles efectivos. Por su parte, expertos en criminología cuestionan su impacto real, considerando que no aborda las causas estructurales de la violencia juvenil, como el desarraigo social o la pobreza persistente.
Este fenómeno recuerda los disturbios urbanos desencadenados en el verano de 2023, tras el homicidio policial del joven Nahel Merzouk en Nanterre, que pusieron de manifiesto protestas en ciudades como Clamart, Meudon o Gennevilliers, muchas de ellas consideradas zonas sensibles donde se impusieron toques de queda temporales tras episodios de fuego intencionado y enfrentamientos.
