Tras la movilización del 11 diciembre (otra prevista para el 19 fue desconvocada), las asociaciones mayoritarias han convocado nuevas protestas para el 2 de enero, y otras fechas posteriores, con el objetivo declarado de volver a “colapsar” el tráfico en la capital. El conflicto mezcla reivindicaciones laborales históricas con el rechazo frontal a los nuevos vehículos turísticos tipo tuk-tuk y a la gestión municipal de la movilidad.
El pasado día 11 más de 400 taxis recorrieron en caravana las principales vías de Santa Cruz durante varias horas, ralentizando de forma notable la circulación en hora punta. La protesta fue convocada por Élite Taxi Santa Cruz, que integra a la mayoría de los titulares de licencia de la ciudad, como gesto de fuerza frente a lo que consideran una acumulación de agravios por parte del Consistorio.
Pocos días después se anunció un nuevo calendario de movilizaciones, arrancando el 2 de enero con una nueva caravana de vehículos que atravesará los principales accesos y el centro de la ciudad, y continuando con más paros y marchas a lo largo del mes.
De lejos
Detrás de este calendario de protestas hay un malestar que viene de lejos. El sector denuncia que la planificación municipal de la movilidad ha reducido su visibilidad y su negocio en zonas clave del centro.
La reordenación del tráfico y la creación del fallido carril bici, junto con cambios en las paradas de taxi y el auge de otros modos de transporte, han dejado a muchos profesionales con la sensación de haber sido relegados. Las asociaciones reclaman más paradas estratégicas en áreas comerciales y hoteleras, una mejor señalización y mayor coordinación con los nuevos desarrollos urbanos.
Otro punto de fricción es el plan de “rescate” de licencias impulsado por el Ayuntamiento, financiado con una partida de unos 600.000 euros. La idea oficial es reducir progresivamente el número de licencias para adecuarlo a la demanda real y mejorar la rentabilidad de quienes se mantienen en el sector.
Sin embargo, muchos profesionales consideran que las cantidades propuestas por licencia están por debajo del valor de mercado y que el diseño del programa no responde a las necesidades de quienes arrastran deudas o se acercan a la jubilación. A ello se suma la exigencia de actualizar tarifas y ayudas para adaptar la flota a las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales.
Detonante
La irrupción de los tuk-tuk ha actuado como detonante. La empresa promotora pretendía operar con vehículos eléctricos de tres ruedas en circuitos turísticos por la ciudad, con varias paradas prefijadas y una docena de empleos asociados. Ante el anuncio, el taxi reaccionó en bloque, denunciando lo que interpreta como un “intrusismo” que se apoya en un vacío normativo.
El Ayuntamiento, por su parte, ha denegado de momento las paradas en dominio público y ha remitido el expediente al Gobierno de Canarias para que verifique la legalidad del servicio, alegando que se trata de una actividad turística y de transporte que requiere autorización específica. Mientras se aclara el encaje jurídico, el proyecto ha quedado paralizado, pero el recelo del taxi no ha disminuido.
El Consistorio sostiene que está cumpliendo escrupulosamente la normativa y que mantiene un diálogo constante con la llamada mesa del taxi. Desde el gobierno municipal se subraya que se han aprobado ayudas, mejoras en infraestructura y procesos participativos para rediseñar las paradas, y se insiste en que cualquier nuevo servicio de movilidad debe operar bajo las mismas reglas de transparencia y concurrencia que el resto. El sector, sin embargo, percibe lentitud, falta de respuesta concreta a sus propuestas y una gestión que, en su opinión, favorece a otros operadores en detrimento del servicio público de taxi.
Más allá del choque inmediato, el conflicto del 2 de enero es el síntoma de un debate de fondo sobre qué papel debe jugar el taxi en el modelo de movilidad y de turismo urbano de Santa Cruz.
La transición hacia una ciudad más sostenible, con más opciones de transporte y nuevos productos turísticos, exige revisar reglas y equilibrios.
Si no se logra un acuerdo, el riesgo es que las protestas repetidas en fechas clave dañen la imagen de la ciudad, perjudiquen a usuarios y turistas y agraven la incertidumbre de cientos de familias que dependen del taxi.
