Parece un obviedad, pero es que Tenerife no está perdiendo solo cuevas, grabados o estaciones arqueológicas, está perdiendo información irrepetible sobre su pasado indígena, y lo está haciendo a un ritmo que ya no puede despacharse como incidentes aislados.
En los últimos años, el conflicto se ha hecho visible en una secuencia reconocible: proyecto, movimiento de tierra, denuncia, expediente, y, cuando llega, multa.
El problema es que el daño suele ser irreversible y el castigo, incluso cuando parece alto, es tremendamente asumible para los promotores.
El suelo “vale más” que la historia
El caso que más ha cristalizado el choque entre desarrollo y patrimonio es el macroproyecto turístico Cuna del Alma, en El Puertito de Adeje. La Administración autonómica abrió expediente sancionador y se ha informado de una multa superior a 229.000 euros por afecciones a un yacimiento arqueológico (y bienes etnográficos) en el contexto de las obras.
A ojos del público, 229.000 euros impresiona. Pero el análisis crítico cambia cuando se compara con el tamaño económico del proyecto y con el mercado que lo sostiene: el propio proyecto ha publicitado villas con precios que llegan a 2,3 millones de euros.
En esa escala, la sanción equivale aproximadamente al 10% del precio de una sola villa de ese rango. Minucias.
Además, se ha descrito el desarrollo con magnitudes de más de 430.000 m² y 3.600 camas turísticas, y se ha publicado una inversión estimada del orden de centenas de millones.
No es de tontos pensar que si la sanción es una fracción mínima del negocio, el sistema corre el riesgo de convertir la infracción en un coste de operación. De perogrullo.
Energía e infraestructuras
La presión no proviene solo del turismo. La transición energética, necesaria, también ha generado conflictos de impacto real sobre patrimonio.
En Arico, un expediente sancionador difundido públicamente recoge una multa de 304.500 euros por daños asociados a la ejecución de una planta fotovoltaica, con una afección descrita de 1.912,2 m² sobre patrimonio arqueológico y daños a bienes etnográficos.
Aquí la comparación es más contundente. El proyecto se presentó con una inversión de 8,7 millones de euros, por lo que la multa equivale a alrededor de un 3,5% de esa cifra. No es insignificante, pero sigue planteando la pregunta ¿qué pesa más en la toma de decisiones, el riesgo de sanción o la urgencia del calendario de obra?
Aunque no todo pasa por grandes obras. Hay otra herida constante: el expolio y el vandalismo, que prosperan donde faltan vigilancia, protección efectiva y pedagogía.
En Tenerife se han difundido denuncias por sustracciones y pintadas en áreas con grabados rupestres y por expolio en cuevas con restos humanos y materiales, con el impacto añadido de que el robo no solo se lleva piezas: rompe el contexto y vacía de contenido científico el yacimiento.
En Güímar, por ejemplo, se ha informado de la desaparición o daños permanentes en grabados rupestres en un entorno bajo presión, con menciones a tránsito de vehículos y movimientos de tierra próximos. El patrón se repite: bienes extremadamente frágiles, frecuentemente en espacios accesibles, y una protección que llega tarde o no llega.
Multas, ¿altas o bajas?
La respuesta técnica está en la ley. En Canarias, la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural prevé multas que, en el tramo más alto, pueden llegar a 600.000 euros para infracciones muy graves y establece que, si el daño es valorable económicamente, la sanción puede fijarse entre una y cuatro veces el valor del daño.
Esa arquitectura legal no es nueva: la Ley estatal 16/1985 ya contemplaba el principio del tanto al cuádruplo cuando el daño fuese valorable. El problema real es práctico: muchas pérdidas arqueológicas no se traducen bien a euros, porque lo que se pierde no es “piedra”, sino información histórica.
Cuando el daño sí se traduce a cifras, la multa puede quedarse lejos de lo que disuadiría a un gran promotor o de lo que repondría —si eso fuera posible— lo destruido.
La comparación pública más comprensible es esta: una multa de 229.000 o 304.500 euros puede ser devastadora para un particular o un pequeño negocio; pero en proyectos de decenas o cientos de millones, puede funcionar como un coste absorbible.
Un problema estructural
Quien crea que esto es un fenómeno moderno se equivoca. Ya en obras públicas de décadas pasadas, como la ampliación de la GC-1 en Gran Canaria, se documentaron hallazgos y afecciones en contextos donde la prioridad operativa fue “resolver” para que la obra continuara, con pérdida de información arqueológica.
Fuera de Tenerife, también constan casos con impacto por actuaciones menores pero destructivas, como la afectación de sepulturas en La Gomera por un desmonte vinculado a una construcción local.
El cuadro general es claro: no es una isla, ni un tipo de obra, ni una mala racha. Es un déficit sistémico en prevención, control y consecuencias.
Por ello, la discusión no debería limitarse a si “se multa” o “se paraliza” sino al tamaño de la sanción, que no cambia la conducta y así el patrimonio se seguirá perdiendo.
Además, si el daño es irreversible, la sanción llega siempre tarde.
