En Tenerife, las especies exóticas invasoras (EEI) ya no son un tema para ecologistas, sino que requieren de una partida de gasto público recurrente.
Son además un factor de degradación del paisaje y la biodiversidad, y representan un riesgo creciente para sectores tan sensibles como el turismo, la agricultura o la gestión del agua.
Lo peor es que, cuando una se consolida, el coste se dispara, y ya sabemos que erradicar tarde casi siempre sale más caro que prevenir a tiempo.
Impacto ecológico
El diagnóstico aparece incluso en documentación oficial. En distintos ámbitos de la isla se describe alta densidad y continuidad de invasoras como la tunera india (Opuntia), el rabo de gato (Cenchrus setaceus), el tabaco moro (Nicotiana glauca), la pitera (Agave americana) o la caña (Arundo donax), entre otras.
El drama está en que estas especies no “suman biodiversidad” sino que la sustituyen. Compiten por agua y espacio, alteran suelos, cambian la estructura de matorrales y laderas, y facilitan dinámicas de degradación difíciles de revertir.
En islas, el problema se agrava ya que los ecosistemas insulares suelen tener endemismos muy especializados y menos capacidad de “absorber” competidores externos.
A escala global, las evaluaciones científicas internacionales sobre invasiones biológicas coinciden en que las invasoras han estado implicadas en una parte sustancial de extinciones registradas y que sus impactos sobre la naturaleza y la calidad de vida son mayoritariamente negativos, con costes económicos globales estimados en cientos de miles de millones al año.
La factura económica
En Tenerife, el coste se ve en cifras concretas de gestión pública. En 2025 el Cabildo aprobó un encargo de 3,7 millones de euros para ejecutar trabajos de control de flora exótica invasora hasta 2027, con especial atención a especies como el rabo de gato.
A esa línea se suman otras dotaciones: también en 2025 se informó de casi 5 millones de euros para intensificar la lucha contra invasoras como el rabo de gato y el plumero de la pampa, con enfoque de intervención y seguimiento.
En espacios de alto valor natural, el esfuerzo se traduce en actuaciones repetidas: en el Parque Rural de Anaga se comunicó la retirada de 12 toneladas de invasoras dentro de campañas y encargos de mantenimiento en distintas zonas.
Estas cifras no representan “el total” del coste insular —porque los gastos se reparten entre administraciones, contratas, restauración, vigilancia y campañas—, pero sí muestran que gestionar invasoras ya es una política pública permanente.
A escala europea se ha advertido del coste social y económico elevado asociado a las invasiones biológicas y de la necesidad de coordinación y prevención. En España, análisis técnicos sobre economía de invasoras señalan además que los costes suelen estar infraestimados cuando solo se cuentan actuaciones directas y no los daños colaterales (agricultura, infraestructuras, salud, pérdida de servicios ecosistémicos, etc.).
¿Por qué es tan difícil ganar esta batalla?
Porque las EEI aprovechan “autopistas humanas” como jardinería ornamental, movimientos de tierra, obras, viveros, transporte y, en general, cualquier perturbación que cree claros y suelos removidos.
En Tenerife, la combinación de clima benigno, relieve fragmentado y alta actividad económica multiplica puntos de entrada y dispersión.
Además, existe un fenómeno de “mantenimiento infinito”. Si se retira una invasora pero no se restaura el hábitat, el hueco queda abierto para que entren otras especies oportunistas. El control sin restauración puede convertirse en un bucle de gasto.
Los manuales y la experiencia coinciden en tres fórmulas para revertir la situación:
- Prevención y bioseguridad: limitar nuevas entradas (y reintroducciones) es lo más barato. Eso incluye compras responsables en jardinería pública, control de material vegetal, gestión de residuos verdes y buenas prácticas en obra civil.
- Detección temprana y respuesta rápida: cuando un foco es pequeño, todavía es posible erradicar; cuando ya está extendido, la meta realista suele ser contener.
- Restauración ecológica: replantar o favorecer vegetación nativa tras el control para que el sistema recupere competitividad y no se convierta en un solar colonizable.
En Canarias existen herramientas públicas de información y seguimiento (bases de datos y listados oficiales) que ayudan a priorizar especies, monitorizar focos y mejorar la coordinación entre administraciones.
En definitiva, cada euro invertido antes —en prevención, vigilancia y respuesta rápida— evita muchos euros después en brigadas permanentes, restauraciones costosas y pérdida silenciosa de biodiversidad. Y en una isla donde la naturaleza es también marca turística y patrimonio cultural, el coste de no actuar no solo se mide en millones sino en lo que se pierde para siempre.
