El pasado lunes, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, puso cifras a su batallado experimento pionero: 662.425,95 euros recaudados por la tasa de 0,15 euros por persona y noche aplicada a todo el que pernocte en el municipio, residentes incluidos.
Tras un arranque accidentado —entrada en vigor el 11 de marzo, suspensión cautelar al día siguiente y alzamiento de la medida el 27 de marzo de 2025— Mogán se convirtió en el laboratorio fiscal del turismo en Canarias.
A partir de ahí, la pregunta cae por su propio peso: si Canarias copiara el modelo —es decir, si el Archipiélago implantara una tasa regional por pernoctación que también pagaran los residentes, tal y como ocurre en Barcelona y Baleares—, ¿de qué dinero estaríamos hablando y qué efectos tendría?
Lo que dicen los números
Las pernoctaciones anuales en 2024 en alojamientos hoteleros y extrahoteleros de Canarias superaron los 100 millones (serie oficial de ISTAC).
Aplicar la misma tarifa que Mogán (0,15 euros) sobre ese volumen reportaría unos 15 millones de euros para un año tipo si pagan residentes y no residentes, porque el contador aquí es la noche de alojamiento, no el pasaporte.
Pero claro, con una tarifa de 1 euro el resultado sube en la misma proporción: algo más de 100 millones de euros. Ya cambia la cosa.
Cambia un poco más si añadimos las viviendas vacacionales (VV) regladas. En diciembre de 2024 había unas 213.000 plazas activas (que se sepa) y una ocupación anual que, como referencia, ronda el 65,5% (con variaciones por isla y mes).
Así que siendo conservadores, hablamos de unos 51 millones adicionales, más de 150 millones en total al año.
¿Cobrar a los de casa?
Una objeción recurrente por parte del Gobierno regional es si una tasa puede “discriminar” por residencia y en caso de que no, el residente canario tendría que pagar también y eso es una injusticia. Pero también lo es pagar por aparcar en la calle y todas las grandes ciudades del mundo (Santa Cruz de Tenerife excluida, pero tiempo al tiempo que le queda poco) cobran por ello sin que nadie haya llamado a la rebelión.
Cataluña y Baleares resuelven la cuestión de raíz: no hay exención por ser residente sino por edad (menores de 16/17) o por salud y programas sociales.
En Cataluña, el Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) lo recauda la Agència Tributària de Catalunya y, desde el 1 de octubre de 2024, Barcelona aplica además un recargo municipal de 4 euros por noche (hasta 7 noches) para financiar servicios públicos en áreas de gran afluencia.
En Baleares, el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) —en vigor desde 2016— lo ingresa la ATIB y alimenta un fondo finalista que financia proyectos ambientales, hídricos, patrimoniales o de vivienda.
El reparto balear, por cierto, ayuda a desactivar un miedo muy canario: el de la “desigualdad entre islas”. En 2024, el Govern destinó más de 376 millones del ITS a 79 proyectos mediante una comisión (criterios transparentes y seguimiento público), demostrando que un modelo regional puede recaudar donde se genera la presión y invertir donde más falta hace.
El fantasma del “espantaremos turistas”
Los datos comparados no avalan ese miedo. Barcelona cerró 2024 con uno 15,6 millones de turistas, menos visitantes que en 2023 pero más pernoctaciones y récord de gasto —más noches, más impacto por viaje—, con el recargo municipal ya en 4 euros desde octubre.
Es decir, la gestión del flujo y el aumento de valor han pesado más que el recargo por noche.
En Baleares, la foto es aún más nítida: récord histórico en 2024 con casi 19 millones de turistas y gasto al alza, con la tasa plenamente consolidada.
Doce años de experiencia catalana y nueve de la balear apuntan a la misma conclusión: una tasa bien diseñada no derrumba la demanda. Como mucho, la ordena y mejora el mix “estancia media, mayor gasto”.
El no institucional
El Ejecutivo canario ha justificado su no por varios frentes. Uno, el encaje constitucional si se pretendiera excluir a los residentes (algo que, en efecto, es problemático). Dos, el riesgo de agravar desequilibrios interinsulares. Tres, la preferencia por no crear nuevos tributos, mejor tocar IGIC (ahh, que al final no lo tocaron) o cobrar tasas de uso en espacios naturales (eso sí).
Las réplicas están en los modelos ya mencionados:
- El obstáculo jurídico desaparece si no se discrimina por residencia (modelo catalán y balear). Las exenciones neutrales están tasadas por ley y superan el test de igualdad (menores, salud, fuerza mayor, programas sociales).
- El reparto entre islas es diseño, no destino. Un fondo finalista con comisión insular —al estilo balear— permite orientar dinero a agua, residuos, movilidad, vivienda pública o patrimonio donde la presión sea mayor (no solo donde la caja rebose).
- IGIC vs. tasa turística. Subir IGIC recauda, sí, pero no garantiza que el dinero vuelva al barrio que soporta la carga turística. Una tasa por pernoctación es territorializable y auditable: la cobra el alojamiento, la gestiona una agencia tributaria y se publica proyecto a proyecto (Barcelona y Baleares ya lo hacen).
- Un rango 0,15–1 euros en Canarias queda muy por debajo del recargo barcelonés (4 euros más la parte autonómica) y de tramos del ITS. La evidencia de 2024 en ambos destinos no muestra huida de turistas por el tributo.
Mogán demostró dos cosas: se puede cobrar y se puede explicar. El paso lógico es un marco autonómico que evite la guerra de ordenanzas porque la tasa turística, bien planteada, podría ser muy beneficiosa, aunque le pese al sector hotelero.
El turismo ha financiado el ascensor social de Canarias durante décadas, sí, pero la tasa turística no es un castigo, es casi una necesidad —pequeña, previsible y finalista— para sostener lo común en un territorio frágil en materia de agua, residuos, transporte, espacios naturales y vivienda (¡oh, sorpresa, donde más impacta el turismo!).
Cuando las cosas se hacen bien, funcionan. Otra cosa es no querer molestar a según quien.
