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El exmagistrado Salvador Alba, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricación, ha vuelto al primer plano público al denunciar lo que considera un “proceso plagado de irregularidades” en la tramitación de su solicitud para colegiarse como abogado en Canarias.
Alba sostiene que el Consejo Canario de Colegios de Abogados le negó su derecho de defensa al ocultarle documentación clave durante el procedimiento. En concreto, afirma que no tuvo acceso a un informe determinante elaborado en el marco del recurso interpuesto por la también magistrada y diputada Victoria Rosell, que cuestionó la validez de su incorporación profesional.
El exjuez asegura además que el Consejo no le entregó el expediente completo, ni identificó a los vocales que votaron su exclusión, ni atendió sus solicitudes de prueba. A su juicio, todo ello revela un clima de opacidad y parcialidad que compromete la independencia del órgano colegial.
Por su parte, las corporaciones profesionales sostienen que la negativa a su colegiación responde a incompatibilidades legales y antecedentes judiciales que impiden el alta de Alba como abogado en ejercicio. La discrepancia, que ya trasciende lo meramente administrativo, abre la puerta a un nuevo capítulo en los tribunales.
Una cuestión sensible en Canarias
El caso no es menor en el Archipiélago. En un territorio donde las relaciones entre jueces, abogados y colegios profesionales se cruzan en ámbitos reducidos, el conflicto de Alba cuestiona hasta qué punto existe transparencia y garantía de imparcialidad en los órganos que regulan la profesión.
Sea cual sea el desenlace, el pulso entre Alba y el Consejo Canario amenaza con convertirse en un precedente incómodo: no solo por lo que dice de un exmagistrado que quiere reconvertirse en abogado, sino por lo que revela sobre la confianza en quienes gestionan las llaves de la abogacía en Canarias.
