El “mamotreto” de Añaza no es solo un edificio abandonado: es un caso clínico de cómo se gestionan —o se dejan de gestionar— las ruinas urbanas en Tenerife. Tras medio siglo de degradación y episodios de intrusiones y accidentes, Santa Cruz ha activado por fin la expropiación forzosa del inmueble, un armazón de unos 35.000 m² cuyo derribo estaba ordenado desde finales de los 90 por afectar a la servidumbre marítimo-terrestre.
La pregunta incómoda no es “por qué ahora”, sino “por qué tan tarde”. Y la respuesta apunta a un patrón insular: la ruina urbana se trata como una anomalía administrativa, no como un problema de seguridad, salud pública y reputación territorial. Se actúa cuando ya hay un escándalo, un accidente o una presión mediática; no cuando el deterioro empieza a ser evidente.
La coartada de siempre: la complejidad (que acaba siendo impunidad)
En Añaza, la administración ha insistido en la dificultad de notificar a cientos de propietarios —muchos extranjeros— y en el laberinto registral de participaciones. La realidad es que esa complejidad ha funcionado durante décadas como coartada perfecta para la inacción. El propio expediente de expropiación llega con un dato llamativo: la valoración a los propietarios sería de cero euros por tratarse de suelo no edificable y por el coste del derribo. Eso explica la resistencia, pero también subraya la paradoja: mientras nadie quería asumir el coste y el desgaste, la ruina se convertía en un riesgo real y recurrente.
Esto no es un caso aislado. La experiencia en otros municipios muestra la misma secuencia: declaración de ruina, requerimientos al propietario, incumplimientos, recursos, y finalmente —si llega— actuación subsidiaria o expropiación. En Santa Cruz, por ejemplo, existe un procedimiento específico para la declaración de estado de ruina. El problema no es que no existan herramientas: es que se activan tarde, se eternizan o se quedan en papel.
De la gestión preventiva a la “seguridad reactiva”
Otro síntoma: la gestión del riesgo se vuelve reactiva. En Añaza, el Ayuntamiento anunció refuerzos porque la gente seguía saltándose vallas y perímetros para entrar en el edificio. Es decir: el control de accesos se convierte en una carrera interminable entre el vallado y la imprudencia, mientras la raíz del problema —la ruina— permanece intacta.
Cuando una ruina se consolida como “atracción” de exploración urbana, vertedero informal o foco de inseguridad, ya no hablamos solo de urbanismo: hablamos de protección civil y de responsabilidad pública. Y ahí la tolerancia administrativa tiene un coste humano.
La Laguna ofrece otro espejo: Neptuno y el derribo como “final feliz” (con factura)
En La Laguna, el antiguo Hotel Neptuno en Bajamar se ha utilizado como emblema de recuperación del frente costero: adjudicación de trabajos, autorización judicial para acceder a la propiedad y demolición de un complejo declarado en ruina. Es una dirección correcta, pero también revela la otra cara: derribar tarde siempre cuesta mucho (en dinero, en litigios y en degradación acumulada del entorno). Y, mientras tanto, el municipio convive años con un “vacío” que afea el paisaje y multiplica riesgos.
El problema de fondo: incentivos perversos y una política sin calendario
La ruina urbana prospera cuando el sistema manda una señal: “si no haces nada, quizá no pase nada”. En teoría, la administración puede exigir deberes de conservación, imponer sanciones, ejecutar de forma subsidiaria e incluso expropiar en ciertos supuestos. En la práctica, los tiempos administrativos, la litigiosidad y la falta de recursos convierten la ruina en un negocio de dilación: se deja pudrir para que el coste caiga sobre el siguiente.
Lo que falta en Tenerife no es retórica sobre “recuperar espacios”, sino una política de ruinas con métricas:
- Inventario público insular de edificios abandonados y su nivel de riesgo.
- Plazos máximos para requerimientos, ejecución subsidiaria y medidas de seguridad reales.
- Fondos finalistas y coordinación Cabildo-ayuntamientos para intervenir antes de la emergencia.
- Y, sobre todo, transparencia: quién es responsable, qué se ha requerido, qué se ha incumplido y qué se hará (con fechas).
Añaza es la prueba de que una ruina no se gestiona: se tolera hasta que explota. Y cuando explota, la administración corre. Tenerife no necesita más carreras; necesita prevención, plazos y decisión política para que el urbanismo deje de producir “mamotretos” que duran más que cualquier mandato.
