La Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias ha fijado sus compromisos de atención a la ciudadanía en una nueva Carta de Servicios que acaba de publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.
El documento no crea nuevas prestaciones ni modifica la normativa vigente, pero sí introduce un elemento relevante: establece objetivos concretos sobre los tiempos de respuesta y la tramitación de algunos de los procedimientos más sensibles del área social.
La importancia de esta carta reside precisamente ahí. Por primera vez, la Administración autonómica detalla qué plazos se propone cumplir en ámbitos como las pensiones no contributivas, la Renta Canaria de Ciudadanía, el bono social térmico o los informes dirigidos a personas extranjeras.
En otras palabras, el Gobierno convierte en compromisos medibles buena parte de su actividad ordinaria en servicios sociales e inmigración.
90 días para pensiones no contributivas
Entre los objetivos más destacados figura el compromiso de resolver al menos el 90% de las solicitudes de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez en un plazo máximo de 90 días hábiles desde que el expediente esté completo.
En ese mismo apartado, la Dirección General también se compromete a realizar el 100% de las revisiones anuales seleccionadas antes del 31 de octubre de cada año, así como a resolver el 95% de las solicitudes del complemento por vivienda de alquiler para beneficiarios de estas pensiones.
Renta Canaria de Ciudadanía: plazo clave
Otro de los puntos más llamativos del documento afecta a la Renta Canaria de Ciudadanía, una de las prestaciones más importantes del sistema autonómico de protección social.
La Carta de Servicios fija como objetivo resolver el 90% de los expedientes en un máximo de 90 días hábiles desde la entrada completa en registro.
Se trata de una referencia especialmente sensible, dado que esta ayuda está destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión, para quienes los tiempos de espera son determinantes.
Bono térmico y otras ayudas
En el caso del bono social térmico, destinado a compensar gastos energéticos en hogares vulnerables, el compromiso es menos exigente en plazo, pero igualmente concreto: la Dirección General asume el objetivo de emitir resolución para el 90% de las solicitudes completas en un máximo de 180 días hábiles.
La carta también abarca otros servicios menos visibles, pero igualmente relevantes. En los subsidios LISMI y en el Fondo de Asistencia Social, el compromiso es tramitar el 100% de los expedientes.
En materia de inmigración, la Dirección General se obliga a emitir el 100% de los informes de esfuerzo de integración y de adecuación de vivienda solicitados en el marco de procedimientos de residencia, reagrupación familiar o extranjería.
Otro apartado singular afecta a las Casas del Mar, los alojamientos destinados a personas vinculadas al régimen del mar y, en determinados casos, a estudiantes del sector náutico.
Aquí el compromiso es resolver el 100% de las solicitudes de alojamiento en un plazo de 72 horas, así como tramitar íntegramente la convocatoria anual de plazas de residencia y responder a las quejas y reclamaciones en menos de 15 días hábiles.
Atención al ciudadano y transparencia
Más allá de los plazos de tramitación, la Carta de Servicios incorpora otros compromisos generales. Entre ellos, responder al 100% de las sugerencias y reclamaciones en menos de 90 días hábiles y mantener actualizada toda la información de la web y del portal de transparencia con una periodicidad mínima mensual.
El documento recoge además los derechos de la ciudadanía, como el acceso a la información pública, la protección de datos, el trato respetuoso y no discriminatorio o el derecho a una buena administración.
También establece los canales para acceder a estos servicios: sede electrónica, oficinas de atención especializada en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, teléfono 012 y otros mecanismos de reclamación y consulta.
La clave de esta resolución está menos en su carácter administrativo que en su valor como herramienta de control público. No anuncia nuevas ayudas, pero sí deja por escrito cuánto tiempo dice que debería tardar en resolverlas.
A partir de ahora, esos compromisos podrán compararse con la realidad de la gestión y con la experiencia de quienes dependen de estas prestaciones para sostener su día a día.
