Cada año llegan a Canarias desde la Península en torno a 1.500 cerdas reproductoras que se incorporan a las granjas del Archipiélago. Es la base sobre la que se sostiene buena parte de la producción local de carne de cerdo y está regulada a través del POSEI, el programa europeo que compensa los sobrecostes de producir y abastecer a las islas.
Es por eso que el reciente brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes en los alrededores de Barcelona ha encendido las alarmas en toda España. Desde finales de noviembre se han confirmado varios casos en fauna silvestre en zonas como Cerdanyola del Vallès o Bellaterra, y las autoridades han activado un plan de contingencia que incluye restricciones en espacios naturales como Collserola, refuerzo de la vigilancia y movilización de la Unidad Militar de Emergencias para tareas de rastreo y desinfección.
La PPA es una enfermedad vírica muy grave para cerdos domésticos y jabalíes por su alta mortalidad, pero tiene una característica clave para la ciudadanía: no afecta a los seres humanos.
No se transmite por el consumo de carne ni supone un riesgo para la salud pública. El problema es económico y productivo: un solo foco en ganadería intensiva puede obligar a sacrificar miles de animales y cerrar mercados de exportación.
¿Qué ocurre con Canarias?
El Archipiélago está geográficamente aislado y eso, en este caso específico, es una ventaja sanitaria. Para que el virus llegue a las islas tendría que saltar varias barreras, superar los controles en las propias regiones de origen y, después, pasar por filtros adicionales en puertos y aeropuertos canarios.
Fuentes del sector ganadero recuerdan que esa insularidad ha permitido en el pasado contener o retrasar la llegada de otras enfermedades animales, ganando tiempo para reforzar protocolos y cuarentenas.
Eso no quiere decir que el brote se mire con indiferencia. La experiencia reciente con la “lengua azul” en ganado vacuno es un buen ejemplo de los efectos colaterales que pueden tener los controles sanitarios reforzados. En aquel caso, las reses debían someterse a pruebas PCR antes de embarcar en la Península, repetir análisis a su llegada a Canarias y pasar cuarentenas de hasta 70 días. Esto no solo encarece la operación, sino que complica enormemente la planificación de las granjas, que trabajan con calendarios muy ajustados.
Con las cerdas reproductoras podría ocurrir algo parecido si el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas amplían las zonas de restricción o endurecen las condiciones de movimiento de animales vivos.
En un territorio tan dependiente de la logística marítima y aérea como Canarias, unos pocos días de retraso o la necesidad de desviar los pedidos a otros orígenes pueden tener un impacto importante en costes y disponibilidad de animales.
Desde el Ejecutivo regional se insiste en dos mensajes. Por un lado, que las islas están libres de PPA y el riesgo actual es muy bajo; por otro, que la prioridad es seguir de cerca la trazabilidad de los animales que hayan salido desde las zonas afectadas para evitar cualquier sorpresa.
De momento, los casos se limitan a jabalíes y no se han detectado contagios en granjas españolas.
Seguridad en granjas y rutas de entrada
En este contexto, la bioseguridad en las explotaciones juega un papel clave. Las granjas porcinas modernas operan bajo protocolos muy estrictos: control de accesos, desinfección de vehículos, manejo de purines, gestión de residuos alimentarios, etc.
Son medidas que buscan precisamente evitar que un virus como el de la PPA entre a través de ropa, calzado, camiones de pienso o restos de comida contaminada. Las primeras investigaciones sobre el brote catalán apuntan a que el origen podría estar en residuos alimentarios mal gestionados en zonas frecuentadas por jabalíes.
El trasfondo de todo esto es el peso del porcino en la economía española. En 2024, las exportaciones del sector se acercaron a los 9.000 millones de euros, con unos 5.100 millones destinados a la Unión Europea y casi 3.700 a mercados extracomunitarios. Por eso, cualquier duda sobre la sanidad de la cabaña porcina repercute de inmediato en estos mercados, y por eso España se ha apresurado a reforzar medidas de bioseguridad y a acotar el foco a la fauna salvaje antes de llevarnos algún disgusto.
