En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados marcada por la presión mediática y política tras el ingreso en prisión preventiva de su exnúmero tres, Santos Cerdán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un ambicioso paquete de 15 medidas orientadas a combatir la corrupción de manera decidida y estructural.
Reformas legislativas y refuerzo judicial
El eje central del plan contempla un endurecimiento del marco penal, con un aumento de las penas por delitos de corrupción —hasta un tercio más de condena— y sanciones de inhabilitación que podrán alcanzar los 15 años. Además, se duplicará el plazo de prescripción de estos delitos y se vincularán los beneficios penitenciarios a la devolución íntegra de lo sustraído, incluyendo intereses.
Sánchez también ha anunciado la creación de procedimientos sumarios para causas que afecten a cargos públicos con el fin de evitar dilaciones indebidas que, en sus palabras, “erosionan la confianza ciudadana en las instituciones”.
En el plano judicial, se crearán nuevas secciones especializadas en delitos contra la administración pública, dotadas con jueces expertos en la materia.
Nace una agencia anticorrupción independiente
Uno de los anuncios más destacados es la creación de una “Agencia de Integridad Pública Independiente”, que asumirá competencias de prevención, control y persecución de la corrupción que actualmente están dispersas en varios organismos. Esta centralización busca corregir las ineficiencias detectadas y mejorar la coordinación institucional.
La agencia tendrá, además, potestad para supervisar de forma activa los procesos de contratación pública. Para ello, se incorporarán sistemas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del Estado, capaces de detectar anomalías o indicios de fraude de manera automatizada.
Listas negras y mayor transparencia
En una línea de tolerancia cero, el Ejecutivo activará un sistema de “listas negras” que impedirá a empresas condenadas por corrupción volver a contratar con la administración pública. Se establecerá también un régimen sancionador más riguroso para las compañías, con multas calculadas sobre el total de sus ingresos y no solo sobre los beneficios obtenidos de manera ilícita.
A nivel político, el Gobierno busca reforzar la transparencia de partidos y fundaciones, obligándolos a publicar en un plazo máximo de un mes sus cuentas tras recibir cualquier donación. Además, se reducirá de 25.000 a 2.500 euros el umbral a partir del cual se exige publicidad de dichas aportaciones.
Protección a denunciantes y controles patrimoniales
Pedro Sánchez ha admitido que la actual legislación de protección al informante no es suficiente. Por ello, se reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar total confidencialidad, protección y respaldo legal a toda persona que denuncie hechos de corrupción ante las autoridades.
Asimismo, todas las administraciones y empresas que contraten con el sector público estarán obligadas a disponer de canales internos de denuncia. De manera complementaria, se establecerán controles patrimoniales aleatorios anuales sobre altos cargos para detectar posibles enriquecimientos ilícitos.
Recuperación de activos y educación cívica
El plan contempla también el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la introducción de una nueva figura: el decomiso administrativo o preventivo. Este mecanismo permitirá incautar bienes relacionados con prácticas corruptas incluso antes de que se dicte una condena penal, evitando así su ocultamiento o dispersión.
De forma paralela, se impulsará una “cultura de la integridad” mediante estudios anuales sobre la percepción social de la corrupción, campañas de concienciación ciudadana y formación específica en ética pública para empleados del Estado.
Compromiso de cumplimiento y evaluación internacional
Pedro Sánchez ha defendido que este plan, elaborado en colaboración con el socio de coalición Sumar y con apoyo técnico de la OCDE, responde a una voluntad política firme y no a una reacción puntual. Ha asegurado que se cumplirá “hasta la última coma” y ha anunciado un mecanismo de seguimiento en colaboración con la OCDE, que evaluará los avances en el plazo de uno y dos años mediante un informe público.
«La corrupción no es sistémica, pero existe»
El presidente ha querido dejar claro que la corrupción en España no es estructural ni generalizada, reivindicando la integridad de la mayoría de los funcionarios públicos y del tejido empresarial. No obstante, ha reconocido que sigue habiendo casos que dañan gravemente a la democracia y que deben ser erradicados con decisión.
Este nuevo plan se suma a las medidas internas anunciadas en el seno del PSOE y a una treintena de iniciativas ya impulsadas desde el inicio de la legislatura. Con ello, el Gobierno busca cerrar filas ante las dudas crecientes y responder con hechos al descrédito generado por los últimos escándalos.
