El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dar un paso jurídico relevante: ha solicitado y conseguido personarse como acusación particular en la causa abierta contra la organización Hazte Oír por la colocación de una lona frente al Congreso el 19 de mayo. En ella aparecía su imagen junto a la palabra “corrupto” y referencias a múltiples casos judiciales relacionados con su entorno personal y político.
La lona, de más de 250 m², fue instalada sobre unos andamios en la Carrera de San Jerónimo número 44 cerca del Congreso y combinaba un diseño inspirado en El Padrino, con carpetas que aludían a casos como “Begoña”, “caso Hermano”, “caso fiscal general” o “caso PSOE”. Aunque Hazte Oír alegó haber contratado el espacio publicitario legalmente para 15 días, la comunidad de vecinos del edificio denunció la acción por no haber sido informada del contenido político y, horas después, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ordenó retirarla por considerarla un exceso que atentaba contra la reputación del presidente. Los bomberos madrileños procedieron a desmontarla sobre las 00:50, en presencia de Policía Nacional.
La investigación pasó entonces al Juzgado número 12, donde la magistrada María Dolores Baeza abrió diligencias por un posible delito de injurias con publicidad. El PSOE ya actuaba como acusación popular y ha instado también al juez a limitar la difusión de la imagen en redes sociales y vehículos publicitarios con contenido similar, que seguían circulando pese a la retirada de la lona original.
Este mismo mes, el abogado de Sánchez, en respuesta al ofrecimiento jurídico del tribunal, presentó un escrito solicitando personarse “como perjudicado”, es decir, como acusación particular. Ahora, la jueza ha admitido la solicitud y le reconoce el derecho a acceder al sumario, recibir copia de todas las actuaciones y ejercer su propia acusación formal contra Hazte Oír.
Con esta decisión, Sánchez pretende pasar a la ofensiva legal y reforzar la defensa de su honor y la de su imagen institucional. La estrategia supone una nueva escalada en la tensión política entre el Ejecutivo y organizaciones críticas, que ven en esta acción un intento por neutralizar las formas más virulentas de expresión pública.
El caso seguirá su curso judicial y se prevé que analizará también la responsabilidad de la empresa de publicidad encargada, el expediente municipal, permisos urbanísticos concedidos y el uso de otros medios móviles para difundir el mismo mensaje. El episodio ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión frente a la protección del honor de las instituciones democráticas.
