La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cuestionado con dureza la investigación que la Agencia Valenciana Antifraude realizó al ex comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, por presunta falsificación de un título universitario. Morant ha señalado que durante el proceso no se respetaron las garantías mínimas de defensa previstas para el investigado. “Se han pisoteado las garantías para la defensa de José María Ángel y de su mujer”, afirmó la dirigente socialista.
La investigación, iniciada en abril, concluyó que Ángel había presentado un diploma de “Archivística y Biblioteconomía” que no constaba oficialmente en la Universitat de València ni acreditaba estudios reales. Antifraude determinó que no había obtenido la formación académica exigible para acceder como funcionario de carrera en grupo A2. Sin embargo, Morant no ha entrado a valorar la veracidad del título, sino la forma del procedimiento: denunció que Batalla no fue notificado, no tuvo oportunidad de presentar alegaciones y conoció los hechos por la prensa, lo que, según Morant, vulnera su derecho legal a la defensa.
Morant, secretaria general del PSPV y persona próxima al ex comisionado, defendió que “el título no hace al político” y celebró su trayectoria como servidor público, a pesar del episodio. En su discurso político —reforzado con declaraciones sobre otros cargos del PP cuestionados por titulaciones académicas—, instó a valorar más las capacidades y resultados que los expedientes académicos formales.
El ex comisionado anunció su dimisión la semana anterior tras la polémica del supuesto título falso, y ha mantenido que la investigación fue irregular. Según Batalla, se le privó del acceso a presentar pruebas o explicaciones, y consideró que su derecho a la defensa fue limitado de forma inadmisible. Morant enfatizó que debería investigarse también la actuación de la Diputación de Valencia en la apertura del expediente.
Frente a esta posición, desde la oposición y medios críticos han reprochado a Morant una defensa partidista del ex alto cargo, y han señalado que su propósito al centrar el debate en las garantías blindaría los procedimientos de rendición de cuentas. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha respondido que Morant, como ministra de Universidades, debería exigir títulos válidos, argumentando que “lo que pedimos es hoja de servicios” .
