Un total de 2.202 personas dependientes fallecieron en Canarias durante 2025 mientras aguardaban atención del sistema público, según recoge el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado recientemente en el Congreso de los Diputados.
El informe pone de manifiesto las dificultades estructurales que continúa afrontando el sistema de atención a la dependencia en el Archipiélago. De las personas fallecidas en lista de espera, 1.059 murieron sin haber obtenido siquiera una resolución que determinara su grado de dependencia, mientras que 1.143 sí tenían reconocido el derecho a recibir ayuda, pero estaban pendientes de que se materializara la prestación o el servicio correspondiente.
Los datos reflejan una de las principales debilidades del sistema: la diferencia entre el reconocimiento administrativo del derecho y la llegada efectiva de los recursos de atención.
Un sistema con capacidad resolutiva limitada
El dictamen señala que la gestión del sistema de dependencia en Canarias durante 2025 “evidencia una capacidad resolutiva insuficiente”, lo que provoca que muchas personas fallezcan antes de completar el proceso administrativo necesario para acceder a las ayudas.
Aunque el informe reconoce que el número de fallecimientos en lista de espera ha experimentado una ligera mejora respecto a años anteriores, advierte de que esta reducción no implica necesariamente una mayor eficacia del sistema.
Según el análisis del Observatorio, el problema no reside únicamente en la evaluación inicial de las personas solicitantes, sino también en la demora existente entre el reconocimiento del derecho y la asignación real de la prestación, ya sea una ayuda económica o un servicio como atención domiciliaria, teleasistencia o plaza en centros especializados.
Personas con derecho reconocido que nunca reciben la ayuda
Uno de los aspectos que más preocupa a los autores del informe es que un elevado número de personas abandonan el sistema sin haber llegado a recibir la prestación a la que tenían derecho.
Esto ocurre principalmente con personas que ya habían sido evaluadas y tenían reconocido su grado de dependencia, pero que permanecían pendientes de la asignación efectiva del recurso. En 2025, este grupo representó más de la mitad de los fallecimientos en lista de espera en Canarias.
Para el Observatorio Estatal de la Dependencia, esta situación evidencia un problema de gestión administrativa que impide que el sistema responda con la rapidez necesaria a las necesidades de la población dependiente.
Un problema estructural
La dependencia constituye uno de los principales retos del sistema de servicios sociales en España debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y situaciones de discapacidad.
En territorios como Canarias, el informe advierte de que los tiempos de tramitación siguen siendo elevados, lo que provoca que muchas personas tengan que esperar largos periodos para acceder a las ayudas.
El sistema de atención a la dependencia contempla diferentes fases administrativas, desde la solicitud inicial hasta la valoración del grado de dependencia y la posterior asignación de recursos. Sin embargo, cuando estas etapas se prolongan durante meses o incluso años, el proceso pierde eficacia para atender situaciones que, en muchos casos, requieren intervención urgente.
La necesidad de agilizar el sistema
El Observatorio concluye que los datos reflejan la necesidad de reforzar la capacidad administrativa y los recursos del sistema de dependencia para reducir las listas de espera y evitar que las personas beneficiarias fallezcan antes de recibir la ayuda que les corresponde.
La mejora del funcionamiento del sistema pasa, según el informe, por acelerar los procedimientos de valoración, aumentar los recursos disponibles y reducir los tiempos de asignación de prestaciones.
Mientras tanto, los datos del último dictamen ponen de relieve que miles de personas dependientes continúan esperando cada año una respuesta efectiva del sistema público de atención.
