La gestión de los menores migrantes no acompañados se ha convertido en uno de los principales retos administrativos y políticos del sistema de acogida en España.
Particularmente en Canarias como principal puerta de entrada por la ruta atlántica, que concentra desde hace años una presión constante sobre sus recursos de protección.
En este contexto, la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 estableció un mecanismo excepcional para redistribuir a estos menores entre las distintas comunidades autónomas, con el objetivo de aliviar la sobrecarga en los territorios frontera.
Este martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, le tiró un palo al Ejecutivo regional: para cumplir el plazo legal, los expedientes tendrían que haberse enviado en su totalidad alrededor de noviembre y de los aproximadamente 1.700 niños y adolescentes bajo tutela, solo habían llegado al Estado 536 expedientes. Directo al mentón, cuando sabe bien el ministro de la dificultad que conlleva la tramitación de estos expedientes.
Un problema de calendario y capacidad
La diferencia entre el número total de menores y los expedientes efectivamente remitidos pone de relieve un cuello de botella administrativo. Cada expediente requiere evaluaciones individualizadas, informes sociales, documentación jurídica y coordinación entre distintas áreas de la administración autonómica y estatal.
No se trata de un trámite automático, sino de un proceso complejo que consume tiempo y recursos técnicos.
Desde el Gobierno central se subraya que la exigencia de remitir los expedientes con meses de antelación no es arbitraria (y dos huevos duros) sino que responde a la necesidad de planificar con garantías la redistribución y evitar acumulaciones de última hora que hagan imposible cumplir el plazo legal. Sin esa información previa, el Estado asegura que no puede cerrar acuerdos con las comunidades receptoras ni garantizar una acogida adecuada (ejem).
El Gobierno de Canarias ha defendido que el proceso de traslado ya ha permitido la salida de centenares de menores por distintas vías y que no todos los niños contabilizados por el Estado pertenecen al mismo marco jurídico de la contingencia inicial.
La discrepancia no es solo numérica, sino también interpretativa: qué menores computan dentro del plazo extraordinario y cuáles han sido trasladados por procedimientos ordinarios o de protección internacional.
Aun así, el dato central permanece: el ritmo de tramitación no garantiza, a día de hoy, que todos los menores puedan ser reubicados antes de marzo de 2026, tal como establece la ley.
Consecuencias si no se cumple el plazo
El incumplimiento del calendario tendría varias implicaciones.
En primer lugar, prolongaría la saturación de los recursos de protección en Canarias, donde los centros operan desde hace tiempo al límite de su capacidad.
En segundo término, abriría un frente político y jurídico sobre la responsabilidad de cada administración en el cumplimiento de una norma estatal diseñada precisamente para repartir cargas.
Más allá del debate institucional, la cuestión tiene un impacto directo en los menores, que permanecen en una situación de provisionalidad prolongada, con dificultades para acceder a itinerarios educativos y de integración estables.
En definitiva, todo está en la dificultad de adaptar los tiempos administrativos a una realidad migratoria cambiante y persistente. Sin un refuerzo de medios, coordinación y corresponsabilidad entre administraciones, el riesgo de que los plazos legales se conviertan en papel mojado sigue siendo alto.
