Canarias ha destinado 6,8 millones de euros en 2025 para la financiación de su red de apoyo social. El reparto se estructura en dos grandes áreas: Inmigración, con 1,1 millones, e Inclusión social con 5,75 millones, distribuidos en 3 líneas: programas de intervención para la inclusión social y atención a personas en exclusión, planes integrales de inclusión en la comunidad y la intervención integral con personas sin hogar.
Como las dos últimas líneas no agotaron su crédito, el sobrante se ha trasladado a la primera, donde había más demanda de financiación, reforzando los programas que trabajan con personas y familias en situación de pobreza y exclusión.
Esta resolución llega en un momento en el que Canarias sigue siendo una de las comunidades con mayor tasa de pobreza y exclusión social de España. Según los indicadores de riesgo de pobreza o exclusión (tasa AROPE), aunque la situación ha mejorado ligeramente en los últimos años, el Archipiélago continúa entre las regiones con peores datos del país, con casi un tercio de la población en situación vulnerable.
A esto se suma la presión sobre los servicios sociales por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y el aumento del coste de la vida. Organizaciones que gestionan comedores sociales, bancos de alimentos, recursos alojativos y proyectos comunitarios vienen advirtiendo de un “agotamiento silencioso”.
Cada vez más personas acuden a estos recursos, no solo en las grandes ciudades, sino también en municipios medianos y rurales, donde la red de apoyo es más frágil.
En paralelo, Canarias sigue siendo uno de los principales puntos de entrada de la ruta migratoria atlántica, con miles de personas llegando en embarcaciones precarias cada año. Solo en los últimos ejercicios se han registrado cifras récord de llegadas a las islas, lo que ha tensionado dispositivos de acogida, recursos de emergencia y servicios de atención jurídica y social.
La combinación de estos factores —pobreza estructural, crisis habitacional y presión migratoria— convierte estas subvenciones en una pieza clave del escudo social del Archipiélago, aunque las propias entidades recuerdan a menudo que los recursos siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema.
El papel del tercer sector en Canarias
La resolución pone nombres y apellidos a ese escudo social: Cruz Roja, Cáritas, fundaciones especializadas, asociaciones vecinales, entidades feministas, ONG de barrio, bancos de alimentos, proyectos de alfabetización digital o programas comunitarios en barrios concretos.
Muchas de estas organizaciones son la primera puerta de entrada para quien ha perdido el trabajo, la casa, la red familiar… o llega a las islas sin idioma, papeles ni apoyos.
Muchos proyectos combinan atención básica (alimentos, alojamiento, higiene) con acompañamiento jurídico, apoyo psicológico, itinerarios de inserción laboral, refuerzo educativo o trabajo comunitario en barrios vulnerables.
Aunque las cifras puedan parecer modestas frente al presupuesto total, su impacto es muy concreto porque se mide en plazas de alojamiento que no cierran, comedores que siguen abiertos, equipos de calle que siguen saliendo a buscar a quien duerme al raso o acompañamientos a migrantes que acaban de llegar o familias que se enfrentan a un desahucio.
Aliados imprescindibles para sostener la cohesión social de las Islas.
