En una escena que evoca los momentos más tensos de la geopolítica latinoamericana de finales del siglo XX, Nicolás Maduro compareció este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Despojado de sus atributos presidenciales y vistiendo un uniforme carcelario compuesto por pantalones caqui y una camiseta naranja bajo una camisa azul, el líder venezolano se declaró «no culpable» de los cuatro cargos de narcoterrorismo que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«Fui capturado», denunció Maduro en español ante la corte, rompiendo el protocolo habitual con una defensa política de su situación. «Soy un hombre decente, el presidente de mi país», insistió, rechazando las acusaciones que lo vinculan con el tráfico de miles de toneladas de cocaína.
A su lado, su esposa Cilia Flores, también imputada, siguió la misma estrategia. «Soy completamente inocente», replicó, reafirmando ante el magistrado su estatus de «primera dama de la República de Venezuela».
La llegada de la pareja al tribunal de Manhattan paralizó parte de la ciudad. Bajo un dispositivo de máxima seguridad que incluyó el cierre de calles, una escolta de cinco vehículos blindados y vigilancia aérea por helicóptero, fueron trasladados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel federal conocida por albergar a reclusos de alto perfil y donde permanecerán recluidos.
La audiencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, duró apenas 30 minutos, pero estuvo cargada de tensión. A la salida, Maduro protagonizó un careo con Pedro Rojas, un venezolano de 33 años presente en la sala que lo increpó llamándolo «presidente ilegítimo». La respuesta de Maduro fue tajante y reveló la línea discursiva que probablemente mantendrá su defensa mediática: «Soy un presidente secuestrado, un prisionero de guerra».
El equipo legal de Maduro está encabezado por Barry Pollack, un reconocido penalista que formó parte de la defensa de Julian Assange. Pollack comunicó al tribunal que no solicitaría libertad bajo fianza, confirmando que Maduro seguirá en prisión hasta la próxima vista, fijada para el 17 de marzo.
Sin embargo, la salud de los acusados fue el primer argumento esgrimido por los abogados. Pollack y Mark Donnelly (abogado de Flores) alertaron sobre la necesidad de atención médica urgente. Según Donnelly, Cilia Flores podría sufrir «una fractura o hematomas graves en las costillas», presuntamente derivados de la operación de captura.
Se espera que la defensa de Pollack pivote sobre el argumento de la inmunidad soberana, alegando que Maduro es un jefe de Estado en funciones. No obstante, este recurso tiene un obstáculo mayor: la jurisprudencia estadounidense suele alinearse con el Departamento de Estado, que bajo la actual administración y en voz del secretario Marco Rubio, no reconoce la legitimidad del líder chavista y lo califica de «fugitivo».
El pliego de cargos, hecho público el pasado sábado, acusa al matrimonio presidencial de liderar una conspiración para inundar Estados Unidos con cocaína, utilizando «su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió». Según el Departamento de Estado, hasta 2020, entre 200 y 250 toneladas de droga cruzaban la frontera anualmente con la supuesta ayuda del régimen.
El juicio, que ha sido confiado al juez Hellerstein —un magistrado de 92 años famoso por su independencia y por haber llevado casos relacionados con el 11-S y Harvey Weinstein—, recuerda inevitablemente al proceso contra el general panameño Manuel Antonio Noriega. Hace tres décadas, Noriega fue juzgado en EE. UU. y condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, sentando un precedente sobre el enjuiciamiento de líderes extranjeros en suelo norteamericano.
La caída de Maduro ha sacudido los cimientos del chavismo. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra («Nicolasito»), también imputado en la causa, rompió el silencio 24 horas después de la captura con un críptico mensaje de audio que sugiere traiciones internas: «La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará». Sus palabras parecen confirmar los rumores de que un alto cargo del régimen habría pactado la entrega con la Administración estadounidense.
El juez Hellerstein cerró la sesión con una promesa de imparcialidad ante la magnitud histórica del proceso: «Mi trabajo es asegurar que este sea un juicio justo. Ese es mi trabajo y eso es lo que pretendo». El próximo 17 de marzo, el mundo volverá a mirar hacia Nueva York.
