El Gobierno de Canarias ha dado luz verde a la construcción de una nueva planta de generación eléctrica de emergencia en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con una potencia total de 18 megavatios, para responder a la situación de tensión que vive el sistema eléctrico canario.
La planta, promovida por la empresa Sampol y O. Canarias, se compondrá de diez grupos electrógenos de gasoil conectados a transformadores individuales y a una línea de alta tensión que los enlazará con la subestación Dique del Este. Funcionará únicamente en situaciones críticas para aportar potencia gestionable, actuando como respaldo del sistema cuando la generación convencional o renovable resulte insuficiente.
El diseño permite una respuesta rápida ante incidencias, cubriendo fallos imprevistos, mantenimientos o episodios de alta demanda. El Gobierno defiende que se trata de una solución temporal, destinada a garantizar la estabilidad del sistema mientras avanzan las infraestructuras definitivas de generación previstas para la próxima década.
Un momento clave
La autorización se produce en un contexto marcado por el desequilibrio entre demanda y capacidad instalada.
Tenerife ha experimentado varios episodios de tensión en los últimos años, con avisos del operador del sistema sobre riesgos de cobertura. Además, el envejecimiento del parque generador y los retrasos en la entrada de nueva potencia han obligado a recurrir a medidas provisionales como grupos móviles o plantas de emergencia en distintos puntos de la isla.
La nueva instalación se suma a las actuaciones ya habilitadas en La Campana, Los Realejos y Granadilla, que también buscan reforzar el margen de seguridad del sistema eléctrico insular.
Estas soluciones, financiadas con cargo a fondos estatales, están concebidas como puentes transitorios hasta la renovación completa del modelo energético.
Cambios de emplazamiento
El proyecto fue sometido a audiencia del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. El Cabildo advirtió que el planeamiento insular carece de un Plan Territorial específico para infraestructuras energéticas y señaló la ausencia de un análisis de alternativas de ubicación en la documentación inicial. No obstante, concluyó que la obra no compromete la ordenación estructurante del Frente Marítimo Santa Cruz–El Rosario.
El Ayuntamiento, por su parte, indicó que no debía emitir informe sustantivo al tratarse de suelo portuario, fuera de su competencia directa. Durante la tramitación, el promotor solicitó trasladar el proyecto desde la denominada Parcela A a la Parcela B, dentro del mismo ámbito portuario, alegando que esta última había quedado libre de restricciones según modificaciones recientes del plan especial del puerto.
Una parte del debate público ha girado en torno a la seguridad industrial. El entorno portuario de Santa Cruz concentra depósitos de combustibles, terminales de carga y otras instalaciones con potencial riesgo asociado.
Diversos informes técnicos han señalado la importancia de analizar la interacción entre la nueva planta y estas infraestructuras, especialmente en escenarios de accidente grave o incendios.
Aunque el Decreto no entra en los detalles de ese análisis de riesgos, sí subraya que la actuación debe ajustarse estrictamente a todas las prescripciones técnicas y normativas, y que la elección del procedimiento excepcional responde a una urgencia acreditada por el operador del sistema.
El Gobierno ha insistido en que esta planta no es la solución estructural a los problemas energéticos de Tenerife, sino un recurso provisional para garantizar un mínimo nivel de seguridad de suministro mientras se desarrollan nuevas infraestructuras, se amplía la potencia renovable y se moderniza el sistema de almacenamiento y transporte eléctrico.
Todo para intentar evitar un nuevo apagón en la isla.
