En un movimiento que resquebraja la defensa del empresario Antxon Alonso Egurrola, considerado una figura clave en el conocido como caso Koldo, el equipo legal que lo representaba ante el Tribunal Supremo ha renunciado de forma repentina. Tanto el abogado principal, la letrada colaboradora como la procuradora han presentado un escrito formal ante la Sala de lo Penal comunicando su renuncia a seguir ejerciendo su defensa y representación, e instan al tribunal a requerir al investigado para que nombre nuevos representantes legales con urgencia.
Esta renuncia coordinada, poco habitual en una causa de tanta relevancia mediática y jurídica, ha sido registrada el pasado 4 de agosto. Aunque no se han detallado los motivos, el gesto podría interpretarse como un signo de desacuerdo estratégico o de tensión creciente en el desarrollo del procedimiento judicial, en el que Alonso se enfrenta a graves acusaciones de corrupción.
Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, fue citado a declarar por el magistrado Leopoldo Puente el pasado 7 de julio. En su declaración, negó tener vínculos societarios con el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a pesar de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en su domicilio un contrato privado de compraventa en el que se mencionaba una supuesta cesión del 45 % de la empresa a Cerdán. Según Alonso, dicho documento nunca se escrituró ni se hizo efectivo, y se trataba de un papel olvidado en su trastero. También negó haber participado en el pago de comisiones ilegales, aunque admitió haber realizado una donación de 4.500 euros a una fundación vinculada a José Luis Ábalos, y reconoció que contrató a Koldo García durante nueve meses, con una remuneración moderada.
El caso ha tenido un fuerte impacto político y judicial. Alonso, junto con Cerdán y Ábalos, fue sometido a medidas cautelares por parte del Supremo: retirada del pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Paralelamente, el Parlamento de Navarra ha activado una comisión de investigación que citará a una cuarentena de personas relacionadas con la trama, entre ellas altos cargos, empresarios y responsables públicos, para esclarecer el destino de los fondos públicos adjudicados en las últimas legislaturas.
Con la renuncia de sus representantes legales, el Supremo deberá ahora notificar a Antxon Alonso para que designe nuevos abogados y procurador en el menor plazo posible. De no hacerlo, podría verse en una situación procesal delicada que afecte al desarrollo de su defensa.
