En un giro inesperado en el caso que desató una semana de disturbios en Torre Pacheco (Murcia), el joven de 19 años de origen magrebí acusado de agredir a un vecino de 68 años ha sido puesto en libertad provisional. La decisión fue tomada por la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier tras señalar que el Ministerio Fiscal no solicitó prolongar la prisión preventiva inicialmente ordenada por un juzgado de San Sebastián. Hasta ahora, el detención se había ejecutado en Rentería (Guipúzcoa), cuando trataba de huir a Francia, y permanecía en prisión preventiva en la cárcel de Martutene.
Aunque abandonó la prisión, la libertad conlleva varias medidas cautelares: se le impide acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la víctima, residir o acceder al municipio de Torre Pacheco, salir del país y debe entregar su pasaporte. Además, debe comparecer semanalmente ante el juzgado. Según el TSJ de Murcia, esta persona fue juzgada y condenada a un año de prisión por un intento de robo violento a un anciano ocurrido el 7 de julio, tan solo dos días antes de la agresión que provocó los disturbios en el municipio.
Este hombre es considerado el autor material de la agresión que desencadenó los saqueos y ataques en el barrio de San Antonio, protagonizados por grupos que llegaron desde otros puntos de España.
Mientras, otros dos detenidos relacionados con el mismo incidente —dos jóvenes marroquíes de 20 y 21 años en situación irregular en España— también abandonaron la prisión provisional pero bajo medidas cautelares similares: orden de alejamiento, prohibición de salir del país, comparecencias cada 15 días y prohibición de residir en Torre Pacheco. Ambos están investigados por delitos de lesiones y contra la integridad moral; en principio no se les atribuye el papel de agresores materiales.
La comunidad ha reaccionado con indignación. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, publicó en redes sociales que “esto es intolerable” y exigió leyes más duras para proteger a la ciudadanía: “No puede permitirse que tras agredir brutalmente a una persona indefensa y siendo reincidente quede en la calle” .
La liberación del presunto agresor principal marca un antes y un después en este caso, que evidenció la fragilidad del tejido social. La decisión judicial, aunque ajustada a derecho, reabre el debate sobre el equilibrio entre garantías individuales y seguridad pública en contextos de alta violencia y tensión social.
