En una jornada intensa en los tribunales, dos jueces han decretado este sábado la libertad provisional con medidas cautelares para detenidos en investigaciones separadas por presuntos delitos económicos y de corrupción.
Por un lado, en la Audiencia Nacional, el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha dejado en libertad a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán). La Fiscalía Anticorrupción no solicitó prisión, por lo que el juez ha impuesto retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales. La causa, bajo secreto de sumario, investiga presuntos amaños en contratos públicos por importe de hasta 132 millones de euros, con delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Díez y Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras Fernández negó las irregularidades.
Por otro, en los juzgados de Madrid, el juez ha acordado la libertad provisional para cuatro detenidos en la investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con la aerolínea Plus Ultra. Los implicados –el propietario Julio Martínez, el consejero delegado Roberto Rosell, otro empresario y un abogado– han visto retirados sus pasaportes, con prohibición de abandonar España y obligación de comparecer periódicamente. Esta causa revive pesquisas sobre el uso de los 53 millones de euros del rescate público concedido en 2021.
Ambas decisiones reflejan el criterio de la Fiscalía en fases iniciales secretas, priorizando cautelares para garantizar la investigación sin prisión provisional. Las pesquisas continúan en paralelo, en un contexto de escrutinio sobre fondos públicos y contratos estatales.
