La confesión del empresario Víctor de Aldama está teniendo efectos más allá del juicio por las mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo. Sus declaraciones han sido clave para que se abriera el llamado caso Cerdán, para que la próxima semana tenga que volver a declarar en el caso Koldo y para que se investigue una supuesta financiación irregular del PSOE con pagos de constructoras.
Aparte del caso Mascarillas que se juzga en el Supremo, diferentes causas se están investigando en la Audiencia Nacional que involucran al exministro José Luis Ábalos y su entorno. Entre ellas figuran el caso Koldo, que abarca otros implicados en la trama, y el caso Cerdán, donde se examina si el exsecretario de Organización del PSOE recibió mordidas vinculadas con obras de la Dirección General de Carreteras.
El empresario presentó al juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, una serie de documentos apodados «los papeles de Aldama», que incluyen anotaciones cruciales sobre contratos de obras de la Dirección General de Carreteras. En ellos se mencionan conexiones sospechosas entre el político navarro Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso, vinculado a múltiples contratos públicos.
Aldama también alegó ser un «nexo» entre constructoras, incluyendo a Koldo García y Ábalos, para la supuesta financiación ilegal del PSOE. Afirmó haber llevado hasta 250.000 euros al Ministerio de Transportes durante la pandemia. El 18 de marzo, Aldama entregó un sobre al juez Moreno que supuestamente contiene evidencia de la financiación ilegal del PSOE, incluyendo vínculos con fondos venezolanos. Este documento ya ha sido analizado por la Fiscalía Anticorrupción, aunque el contenido permanece bajo secreto judicial.
La financiación de los socialistas está en entredicho desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitió al Tribunal Supremo, cuando aún concentraba la mayor parte de la investigación, un informe que acabó motivando el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Ese documento recogía indicios relevantes de que el dirigente navarro formó parte de una trama asentada en el Ministerio de Transportes destinada a amañar contratos de obra pública a cambio de comisiones. Cerdán pasó casi cinco meses en prisión preventiva por estas acusaciones.
El informe de la UCO situaba entre las empresas de la trama a Acciona, Obras Públicas y Regadíos y Levantina, Ingeniería y Construcción, entre otras. Según Aldama, tras su declaración de confesión en noviembre de 2024, Cerdán había recibido 15.000 euros en efectivo en un bar frente a la sede del PSOE de la calle Ferraz. Según dijo, él se los entregó en un sobre a Koldo García y este al entonces número tres socialista.
En su declaración en el juicio del caso mascarillas, Aldama aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era «el uno» en una organización criminal con jerarquías y «todo lo sabía». También afirmó que Koldo y Ábalos querían que constructoras ayudaran a «la financiación del PSOE» y declaró que les pagó a ambos entre tres, cuatro y cinco millones de euros.
Además, el empresario aseguró ante el tribunal que había sido testigo de conversaciones telefónicas entre Koldo García y Sánchez. «Cuando Koldo llamaba le cogían el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez», declaró.
En su defensa, el abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, sostuvo que la confesión de su cliente debe ser considerada en la decisión sobre la pena que se le imponga. «Arrieros somos», advirtió el letrado, recordando que el recorrido judicial aún está lejos de concluir.
El caso Koldo, que investiga el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, se articula en tres piezas: la primera analiza las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia; la segunda, las adjudicaciones de obra pública que se habrían amañado desde el Ministerio de Transportes; y la tercera, centrada en los pagos vinculados al PSOE.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento los casos abiertos no abordan directamente la supuesta financiación irregular del partido del Gobierno. El PSOE anunció acciones legales «inmediatas» contra Aldama y mantiene que no ha recibido ningún dinero irregular.
