La reciente renovación de la directiva de Confapacanarias, la confederación de AMPAs (asociaciones de madres y padres) de la enseñanza pública, ha llegado con una consigna clara, combatir lo que llaman la “deriva privatizadora” del Gobierno de Canarias.
De fondo está la preocupación que lleva años germinando entre las familias: hacia dónde se está inclinando el sistema educativo en unas islas que siempre están las primeras en los rankings de desigualdad social.
¿Es así?
Cuando Confapacanarias habla de privatización no se refiere a cerrar colegios públicos y venderlos a empresas sino a mantener o reforzar la red privada concertada, darle estabilidad y recursos, mientras la red pública soporta ratios altas, infraestructuras envejecidas y recortes o estancamiento de inversión.
A esto se suma el fenómeno de los “copagos educativos”. Aunque la enseñanza obligatoria en la pública es gratuita, muchas familias asumen gastos constantes en material, actividades o servicios complementarios, mientras algunos centros concertados suman cuotas “voluntarias” que filtran de facto el tipo de alumnado que puede entrar.
El resultado es un sistema que dice ser mixto, pero que en la práctica separa por renta y por origen social.
El modelo español
El debate canario no se entiende sin mirar el conjunto de España. Cerca de un 30% del alumnado de las etapas obligatorias está escolarizado en centros privados concertados. Esa proporción apenas ha variado en las dos últimas décadas: la concertada se mantiene estable entre el 28% y el 30% en Primaria y la ESO.
Los estudios reflejan que España figura entre los países desarrollados donde más se concentran los alumnos de renta alta en colegios concertados y los más vulnerables en la red pública. Es decir, el modelo mixto no está corrigiendo la desigualdad, sino reforzándola entre centros escolares.
En este tablero, cualquier movimiento político que favorezca a la red concertada sin una contrapartida clara en inversión, planificación y equidad en la red pública alimenta, objetivamente, esa “deriva privatizadora” que denuncian las familias.
Menos alumnos, más competencia
A todo esto se suma un factor demográfico que suele pasar desapercibido, la fuerte caída de la natalidad. Entre 2008 y 2023, los nacimientos se han desplomado en torno a un 38% en España, y Canarias está entre las comunidades más afectadas. Eso significa menos niños y, por tanto, menos matrículas.
Los análisis realizados por entidades como Funcas apuntan a una consecuencia clara: cuando baja el número de alumnos, la red pública sufre más el ajuste de unidades y grupos, mientras que la privada concertada amortigua mejor el golpe y mantiene su peso relativo. En algunos territorios, incluso aumenta su peso mientras desciende el total de escolares.
En Canarias, en un contexto de caída demográfica, mantener conciertos allí donde la red pública podría absorber sin problema toda la demanda, o autorizar nuevas líneas concertadas mientras se cierran o fusionan grupos en centros públicos, empuja el sistema en una dirección muy clara, aunque nadie lo anuncie como “privatización”.
Un territorio especialmente vulnerable a la segregación
El Archipiélago arrastra desde hace años altos índices de pobreza y precariedad laboral, y unos resultados educativos por debajo de la media en varias evaluaciones, con fuertes diferencias entre barrios y zonas.
Si la red concertada se consolida como la opción preferente de las familias con más recursos y más capacidad de elección, y la pública se convierte en el sistema que acoge sobre todo al alumnado con menos opciones, la consecuencia es la consolidación de una escuela dual: una para los que pueden elegir y otra para los que no.
Eso tiene efectos directos en las trayectorias escolares y en el futuro laboral del alumnado.
En este contexto, la ofensiva de Confapacanarias contra la “deriva privatizadora” no parece un capricho ideológico, sino una reacción lógica ante un riesgo real: que la política educativa refuerce un modelo en el que la red pública se convierta en el refugio de los más vulnerables, y la concertada en el espacio protegido de quienes parten con más ventajas.
Un modelo, todo sea dicho, completamente opuesto al que se acogieron los baby boomers, responsables del destacado crecimiento económico español de las ultimas décadas del siglo veinte. Algo mal habremos hecho (tropecientas leyes educativas mediante).
Nadie discute que la concertada forma parte del sistema desde hace décadas y que tiene un papel que seguir jugando. La cuestión es que, en una comunidad con las desigualdades de Canarias, la prioridad debería ser reforzar una escuela pública de calidad, bien financiada, inclusiva y atractiva.
También someter a la red concertada a reglas estrictas de equidad, transparencia y control del uso de fondos públicos, a veces demasiado difusas.
Aunque el debate social no va en esa dirección ahora mismo, si la nueva dirección de Confapacanarias consigue colocar esta cuestión en el centro, habrá que posicionarse de verdad sobre el modelo hacia el que vamos encaminados. Como en la Sanidad, no podemos seguir dejando pasar el tiempo con los dos mayores pilares para el bienestar del Archipiélago.
