El Gobierno de Canarias ha autorizado el inicio de actividades de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (UTIC), un proyecto de universidad privada promovido por la empresa Tech Education.
La autorización habilita, después de casi una década de intentos, la puesta en marcha de la actividad académica de este centro que durante años funcionó de facto como plataforma educativa antes de adquirir estatus legal.
La decisión del Ejecutivo reactiva el debate sobre el papel de las universidades privadas en Canarias, su calidad académica y su relación con las instituciones públicas.
De proyecto a realidad jurídica
La Universidad Tecnológica de las Islas Canarias fue reconocida como universidad privada en abril de 2024 por el Parlamento de Canarias. Ese reconocimiento era el primer paso para que el centro pudiera solicitar la autorización para iniciar actividades educativas oficiales.
La ley establecía que la universidad tenía un plazo de cinco años para pedir esa autorización, y la solicitud formal llegó a la Consejería el 8 de octubre de 2025. Los informes técnicos fueron mayoritariamente favorables, aunque condicionados a subsanar cuestiones de accesibilidad y adecuación de espacios.
El inicio de actividades es provisional, limitando que las enseñanzas se impartan únicamente en aquellas áreas de las instalaciones que ya han demostrado cumplir con las exigencias legales. El paso siguiente será completar las autorizaciones de cada título y los acuerdos necesarios para que la enseñanza pueda comenzar con plena validez oficial.
Antes de esta autorización, el Consejo de Gobierno había aprobado en noviembre de 2025 la implantación de doce titulaciones oficiales en la UTIC, entre grados y másteres, incluyendo Derecho, Criminología, Comunicación Audiovisual, Administración y Dirección de Empresas, Educación Infantil, Recursos Humanos y varios másteres especializados.
De acuerdo con la normativa estatal, la universidad deberá contar con una oferta más amplia en los próximos cinco años: al menos diez títulos oficiales de Grado, seis de Máster y programas de Doctorado, con representación de al menos tres ramas de conocimiento.
Este requisito de expansión progresiva es obligatorio para consolidar su posición en el sistema universitario.
La oposición de las universidades públicas
La universidad venía funcionando como entidad educativa antes de esta Orden, impartiendo cursos, programas y titulaciones propias o no oficiales bajo la marca TECH.
Esa trayectoria fue uno de los argumentos esgrimidos por defensores del proyecto para justificar su viabilidad, destacando su presencia digital y capacidad de atraer alumnado. La orden formaliza ahora ese funcionamiento y abre la puerta al reconocimiento oficial de sus títulos, una vez completados todos los trámites regulatorios.
El nacimiento de la UTIC no ha estado exento de polémica. Durante la tramitación de la ley de reconocimiento, las universidades públicas de Canarias (ULL y ULPGC) expresaron su oposición al proyecto, alertando de que no contemplaba los mínimos legales requeridos en aspectos fundamentales como investigación, recursos humanos o estructura académica.
Las críticas también provenían de informes técnicos del Ministerio de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, que cuestionaron el bajo porcentaje de plazas previstas para estudios oficiales frente a títulos propios no oficiales.
Además, en el Parlamento canario, los grupos de PSOE y Nueva Canarias votaron en contra de la ley de creación, argumentando que la nueva universidad no era necesaria, podía debilitar la calidad académica del sistema regional y respondía más a una lógica de mercado que a necesidades educativas del Archipiélago.
Por su parte. los defensores de este modelo apuntan a una mayor oferta educativa, flexibilidad y especialización como ventajas, mientras que críticos advierten sobre posibles desequilibrios en recursos, calidad y equidad educativa.
El tiempo dirá si este nuevo actor será capaz de consolidarse y aportar valor duradero al tejido académico del Canarias.
