La Unión Europea ha activado este 8 de agosto de 2025 el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), una normativa pionera destinada a blindar el ejercicio del periodismo frente a injerencias políticas, corporativas o digitales. Entre sus salvaguardas se incluyen la prohibición del espionaje sin autorización judicial, la transparencia sobre la propiedad de los medios y el detalle preciso de la publicidad institucional, y la protección real de la independencia editorial de los medios públicos. Además, introduce mecanismos para que grandes plataformas como X o Facebook notifiquen a los medios con veracidad sobre la retirada o restricción de contenidos, permitiendo que los afectados recurran.
A nivel europeo, la ponente Sabine Verheyen ha subrayado la urgencia de aplicar esta ley tras años de amenazas a la libertad de prensa. Ha destacado que países como Dinamarca y Suecia están avanzando con mayor celeridad, en contraste con países como España, Grecia o Malta, donde la implementación se ha diluido entre debates políticos. Además, un informe del Civil Liberties Union for Europe alerta de que, pese a estas herramientas, la libertad de prensa y el pluralismo afrontan batallas existenciales en toda Europa, debido al control político, las concentraciones mediáticas y el aumento de juicios estratégicos (SLAPPs) contra periodistas.
España, en su caso, se encuentra entre los países que solo han incorporado parcialmente el EMFA. La CNMC, presidida por Carlos Aguilar, preside ahora el Comité Europeo de Servicios de Medios, encargado de supervisar su despliegue, pero lamenta que aquí el reglamento esté en trámite y no en funcionamiento. El Gobierno ha anunciado ayudas millonarias (124,5 M €) para la digitalización de medios y una propuesta legislativa —el Proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática— que permite a la CNMC sancionar a plataformas y medios por incumplimiento, establecer un registro de transparencia y aplicar multas de hasta 1,5 M €.
Sin embargo, este avance legal también despierta recelos. Críticos apuntan que algunos instrumentos podrían convertirse en palancas de control editorial, como los poderes disciplinarios de la CNMC o el uso ambiguo de una «ley antidesinformación» que no ha sido consultada con los colectivos de periodistas. Desde la Federación Europea de Periodistas se ha alertado sobre la inclusión, en algunos textos, de excepciones que podrían permitir el espionaje a periodistas bajo el paraguas de la seguridad nacional, una puerta peligrosa para la libertad de prensa.
