Este lunes, el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Energía, Mariano Hernández Zapata, anunció una multa de 12,1 millones de euros a Endesa por el apagón sufrido en La Gomera en julio de 2023, apenas unos días después de que Fernando Clavijo tomara posesión como presidente regional.
A primera vista podría parecer otra sanción más en dos décadas de “ceros energéticos”, como eufemísticamente se les ha dado por llamar para ocultar su verdadera naturaleza, pero esta puede marcar un cambio de paradigma.
Esto es debido a que se trata de la primera multa dentro del nuevo marco legal impulsado por el Ejecutivo nacionalista para evitar que Red Eléctrica Española (REE) y Endesa se siguieran “yendo de rositas” (vamos, sin pagar un duro) pese a los repetidos episodios, más de una decena, que se han producido en el Archipiélago en los últimos 20 años.
Un despropósito
Uno cada dos años es más que un despropósito para un estado que se pretenda definir como desarrollado. Lo es más en un sociedad, la de España peninsular, que realmente conoció lo que era un apagón en abril de este año.
Entonces se habló, incluso con sorpresa desde algunas tribunas, de que Canarias se “había salvado” porque tenía un sistema autónomo, pero hubo pocos iniciados que señalaron entonces que este es un problema endémico que lleva sufriendo la sociedad isleña demasiado tiempo ante la inacción gubernamental, el pasotismo de la prensa nacional y el pasmoso desdén de las empresas monopolísticas del sector en esta tierra.
No es de extrañar ese proceder, ya que, como ahora desglosaremos, son apagones que se han solventado con multas irrisorias en la mayoría de los casos y que no han conllevado acciones determinantes para acabar con estos episodios.
2005: el primer gran aviso
La tarde del 30 de octubre de 2005, un incidente en la central de Punta Grande dejó sin suministro a buena parte de Lanzarote.
El corte afectó a 64.525 clientes durante 11 minutos y a más de 3.000 durante 3 horas y 16 minutos más por la indisponibilidad de dos grupos de gas. Aquel episodio inauguró, de facto, la era moderna de los “ceros” en el Archipiélago.
El Gobierno de Canarias sancionó a Unelco-Endesa con 1,5 millones de euros. Tras años de recursos, el Tribunal Supremo confirmó la multa en 2011 y la empresa la pagó.
2008: Lanzarote y Fuerteventura
El 5 de agosto de 2008 un cero simultáneo dejó sin luz a Lanzarote y Fuerteventura.
El Gobierno propuso 2 millones de sanción a Endesa Distribución. La cifra quedó rebajada a 600.001 euros por los tribunales, que apreciaron desproporción en la cuantía respecto a los hechos.
2009: La Palma
El 2 de julio de 2009, La Palma se apagó por completo. El Ejecutivo impuso 6 millones a Unelco, pero el TSJC y después el Supremo continuaron la tendencia iniciada y dejaron la sanción en 2 millones, que fue abonada.
2010 (18 de febrero): 10 horas y media en Tenerife
A mediodía, Tenerife se quedó completamente a oscuras durante unas 10 horas y media. El corte empezó en torno a las 12:00 y la reposición total no llegó hasta las 22:30.
Afectó a 467.464 abonados. Coincidió con alerta naranja por viento y lluvia y el origen se localizó en la central de Las Caletillas.
Fuentes técnicas y crónicas de la época apuntaron a un cortocircuito provocado por filtraciones de agua en equipos de la planta, en un sistema ya tensionado por el temporal.
El Gobierno de Canarias abrió expediente y anunció una sanción inicial de 3,6 millones de euros a Unelco-Endesa por este “cero eléctrico”. Tras el periplo judicial, la sanción quedó definitivamente en 600.001 euros: el TSJC la avaló y el Tribunal Supremo la confirmó en enero de 2017.
2010 (1 de marzo): segundo golpe en Tenerife
Diez días después, otra avería volvió a tumbar el sistema entre las 01:19 y las 6:30, con afectación total de la isla pero con menos incidencia al haber sucedido de madrugada.
La causa inmediata fue un fallo en la subestación de Candelaria que desconectó Las Caletillas y, en cadena, Granadilla, precipitando el colapso del sistema. Al ser de noche, la demanda era menor y la reposición, más ágil.
La Comunidad Autónoma impuso 6 millones de euros a Endesa Distribución por infracción “muy grave” pero, una vez más, el TSJC la reclasificó como “grave” y la redujo a 600.000 euros, lo que ratificó el TS.
Entre los criterios tenidos en cuenta, la franja nocturna y la menor duración del corte, aunque el tribunal subrayó que era el segundo cero consecutivo sin haberse adoptado todas las medidas para evitarlo.
Pese a esa argumentación, la multa fue la misma que en la anterior ocasión. No le busquen sentido porque no lo tiene.
2013: tormenta sobre La Palma
El unicornio de los apagones en Canarias, que además muestra la aleatoriedad en la que estamos sumidos.
El 11 de diciembre de 2013, una fuerte tormenta y el fallo del equipo de reposición dejaron a la isla a oscuras unas 3 horas y media.
El Ejecutivo impuso 6 millones de euros, y, ¡oh, milagro!, el Supremo confirmó la sanción en 2021, por lo que, por una vez, se pagó la multa decretada.
2018: La Palma: la grieta administrativa
Marzo de 2018. Nuevo cero en La Palma. En abril de 2022, ya con el expediente armado, la Consejería propuso 8 millones de multa por infracciones muy graves.
Pero ese procedimiento, como sucedió en las dos ocasiones siguientes, se alargó más de lo que permitían los plazos entonces vigentes y caducaron. Empiezan a no pagar.
2019: el gran apagón de Tenerife
Una avería en el sur de la isla dispara el sistema y se produce un apagón que tumba todo Tenerife. La reposición es progresiva y el corte se prolonga hasta nueve horas en buena parte de la isla. Con casi un millón de personas afectadas, se convirtió en el gran apagón de la década.
El Gobierno socialista de Ángel Víctor Torres se vino muy arriba y anunció en 2020 sanciones históricas: 30 para REE, 10 para Endesa. Un castigo ejemplar.
Pero…. en 2021 se rebajaron las expectativas y los decretos sancionadores definitivos se fijaron 13,6 millones a Endesa y 11,1 millones a REE. Daba igual, no iban a pagar ni unas multas ni las otras.
2020: Tenerife, suma y sigue
No hubo que esperar mucho para el siguiente “cero”. Fue en junio de 2020 y la multa propuesta ascendió a 24, primero algo más de 10 millones por la generación y 6 millones por la distribución de Endesa, a los que luego se sumaron 8 millones a REE.
Otra vez más, agua: caduca el expediente y hay que devolver las perras, junto con 2018 y 2019. Nada menos que 49,66 millones de euros que Canarias tenía que devolverle a las energéticas.
Lo mejor es que esa cifra incluye los intereses, por lo que, finalmente, Endesa y REE no solo no han pagado por los apagones sino que además han tenido beneficio. Y dos huevos duros.
2023: La Gomera, 37 horas a oscuras
Con todo, tanta insensatez puede haber llegado a su fin. La nueva sanción impuesta por el Gobierno de Canarias este 27 de octubre, ya con un nuevo marco legal sobre la mesa, está motivada por el apagón que dejó a La Gomera sin suministro 37 horas (60 hasta la recuperación total) en julio de 2023. La cuantía asciende a 12,1 millones de euros.
No sé ustedes, pero yo estoy ansioso por saber si terminara pagándose en su totalidad la que sería, en caso afirmativo, la mayor multa pagada por las energéticas a raíz de un apagón en Canarias.
¿El comienzo del cambio? Puede ser. Todavía queda el pendiente el “cero” (uno más) de La Palma de este 2025 (junto a Tenerife, la isla más castigada por estos incidentes).
¿Por qué hubo que devolver casi 50 millones?
Para entenderlo hay que saber cómo funciona la burocracia. En un procedimiento sancionador, si la Administración no dicta y notifica resolución dentro del plazo máximo que marca la ley del sector (o, en su defecto, la ley de procedimiento), debe declarar la caducidad y archivar el expediente. Es un efecto automático: la resolución posterior solo puede reconocer la caducidad y archivar.
Si el procedimiento caduca, la sanción queda sin efecto, y si la empresa ya pagó, ese ingreso pasa a ser indebido y la Administración debe reintegrarlo con intereses.
Según dijo el propio Zapata cuando anunció la obligatoria devolución del dinero, hasta 2023 la Ley canaria del Sector Eléctrico operaba en la práctica con plazos muy cortos para tramitar estas sanciones, claramente insuficientes para expedientes complejos (peritajes, alegaciones, informes técnicos).
Por ello se reformó la Ley 11/1997 para ampliar plazos sancionadores y evitar nuevas caducidades, de forma que ahora los plazos son de 18 meses para infracciones graves y muy graves y de 9 meses para leves, con prórrogas motivadas.
La reforma fue convalidada por el Parlamento y publicada en el BOE en mayo de 2024.
Es por todo esto por lo que la multa de La Gomera no es solo un número, es la prueba de estrés de un nuevo tiempo político y administrativo en el que las sanciones dejan de ser fuegos artificiales y pasan a ser consecuencias.
Si el expediente se sostiene y se cobra íntegro, el mensaje será nítido: en Canarias ya no sale gratis dejar a una isla a oscuras.
Pero el verdadero final de esta historia no llegará con una transferencia, sino con inversión y reformas: más reserva flexible, almacenamiento, mantenimiento exigente, redundancias en la red y transparencia en cada incidente.
Ahí se medirá si la sanción de hoy es el colofón de dos décadas de impunidad o el primer peldaño de un sistema eléctrico a la altura de su gente.
