En España, cada cierto tiempo, alguien en un despacho ministerial decide que la libertad de prensa es maravillosa… siempre que venga con manual de uso. Y el nuevo anteproyecto sobre el secreto profesional de los periodistas es un ejemplo perfecto: disfraz de garantía, alma de mordaza.
El texto, presentado como un gran avance democrático, tiene la elegancia jurídica de un boceto a lápiz: vago, resbaladizo y tan abierto a interpretación que cualquier juez podrá convertir un derecho fundamental en un favor concedido. No hay definición clara de cuándo puede levantarse el secreto de las fuentes, pero sí hay una puerta entreabierta para que el poder meta la nariz cuando le convenga. Y eso, dicho sin tapujos, no es proteger: es poner una correa.
La indefinición como estrategia. La norma no falla por descuido, sino por diseño. Cuanto más difusa la regla, más cómoda para quien la aplica. Bajo la fórmula mágica del “interés general”, el periodismo se convierte en rehén de la discrecionalidad judicial. Lo que hoy es confidencial, mañana podría ser materia de instrucción si a alguien en una toga le da por ahí.
Esto, además, ocurre mientras la normativa europea marca estándares claros y exigentes. Pero España, fiel a su costumbre, ha decidido adaptar lo mínimo… y torpemente. Resultado: una ley que parece hecha para contentar titulares, no para blindar derechos.
Periodistas con lupa en la nuca. No es menor que el texto abra la posibilidad de pinchar dispositivos de periodistas en casos “graves”. Todos sabemos que en España lo “grave” es tan elástico como la conciencia de quien manda. Lo que empezó como una supuesta herramienta para situaciones extremas puede acabar convertida en un coladero de vigilancia preventiva.
Es un error monumental olvidar que el secreto profesional no es un capricho de redacción: es la base de una democracia que quiere ser libre. Si las fuentes temen ser expuestas, callan. Y si callan, la verdad desaparece bajo toneladas de comunicados oficiales y propaganda institucional.
Un derecho sin voz propia. La ley tampoco resuelve un problema esencial: el periodista no podrá defender su derecho cuando no es parte del procedimiento. Es decir, puede ser intervenido sin poder recurrir. Una paradoja de manual: tener derecho sin poder ejercerlo.
Lo que se juega aquí. Cuando una sociedad permite que un derecho se interprete “según el día que tenga el juez”, lo que está en juego no es solo el periodismo: es la ciudadanía entera. Porque sin fuentes protegidas, no hay periodismo libre. Y sin periodismo libre, la corrupción, la arbitrariedad y el abuso tienen autopista de seis carriles.
No es una discusión técnica. Es política, institucional y democrática. España no necesita un reglamento que convierta a los periodistas en sospechosos ni a las fuentes en víctimas.
Si el secreto profesional queda a merced del humor de los tribunales, la prensa dejará de ser el cuarto poder y será una extensión de un único poder.
