El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha adoptado esta semana una decisión que marca un antes y un después en la regulación del uso turístico de la vivienda: la aprobación de una moratoria técnica que paraliza la concesión de nuevas licencias de vivienda vacacional en el municipio.
La medida responde a la necesidad de adaptar el planeamiento urbanístico local a la nueva Ley de Vivienda Vacacional aprobada recientemente por el Gobierno de Canarias, que exige que solo puedan autorizarse estas actividades cuando estén expresamente contempladas en los instrumentos de ordenación urbanística.
La decisión, respaldada por la mayoría del pleno municipal excepto por el voto en contra de Vox, implica que La Laguna no otorgará nuevas habilitaciones para alojamientos turísticos en viviendas hasta que el Plan General de Ordenación (PGO) se actualice para recoger esta figura como uso urbanísticamente compatible.
El objetivo no es prohibir el alquiler turístico como tal, sino garantizar que esta actividad se desarrolle bajo un marco legal claro y sostenible, acorde con los límites que establece la legislación autonómica.
Gran peso de vivienda vacacional
La moratoria lagunera se produce en un contexto en el que la vivienda vacacional representa un segmento muy significativo del parque alojativo en Canarias.
Según la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional que publica el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en septiembre de 2025 había casi 48.000 viviendas vacacionales disponibles en el Archipiélago, con un ligero crecimiento interanual. De ellas, casi el 41% se sitúan en Tenerife, lo que subraya la concentración de este tipo de alojamientos en la isla.
Esto sitúa en torno a 19.000 las viviendas vacacionales en Tenerife, cifras que reflejan un peso considerable dentro del mercado turístico insular.
En términos comparativos, Canarias es también una de las comunidades con mayor proporción de viviendas para uso turístico sobre su parque residencial total.
En mayo de 2025, las islas alcanzaron casi 51.000 viviendas turísticas, lo que representa cerca del 4,7% del total de viviendas en la comunidad autónoma, una proporción elevada si se contrasta con otras regiones del país. La presencia de esta tipología de alojamiento ha sido un factor de debate constante en materia de acceso a la vivienda, mercado de alquiler y planificación urbana.
Tensiones entre turismo y derecho a la vivienda
El incremento sostenido de la vivienda vacacional en los últimos años ha estado acompañado de tensiones sociales y políticas en todo el Archipiélago.
Organizaciones ciudadanas y colectivos sociales han señalado que el auge de los alquileres de corta duración tensiona los precios del alquiler tradicional, reduce la oferta de vivienda disponible para residentes de largo plazo y desplaza la demanda hacia espacios menos turísticos, encareciendo también esos barrios.
La situación ha generado un amplio debate público sobre el equilibrio entre los beneficios económicos del turismo y la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda y la cohesión social en los municipios canarios.
La normativa aprobada por el Parlamento de Canarias pretende responder a esa tensión, estableciendo límites y requisitos más estrictos para la instalación y operación de viviendas vacacionales, incluido el requisito de que el uso turístico esté explícitamente habilitado por el planeamiento urbanístico municipal.
Apenas unas semanas después de su entrada en vigor, La Laguna se ha convertido en uno de los primeros ayuntamientos en aplicar esta legalidad de manera estricta, con la moratoria como instrumento cautelar.
Efectos inmediatos y desafíos futuros
La paralización de nuevas licencias en La Laguna tendrá efectos inmediatos en el desarrollo de este segmento del mercado turístico.
Para los propietarios interesados en iniciar una actividad de vivienda vacacional, supondrá la necesidad de esperar a la revisión urbanística municipal y a la aprobación de normas específicas que recojan este tipo de uso.
Para el Ayuntamiento, la medida supone un alivio en términos de planificación urbana, pero también plantea el desafío de equilibrar la protección del tejido residencial tradicional con la actividad económica generada por el turismo.
Aguere se convierte así en un buen experimento para ver cómo evoluciona la realidad de la vivienda vacacional en Canarias.
