Un tribunal de Moscú ha aceptado este lunes la demanda presentada por la Fiscalía General de Rusia y ha declarado oficialmente al colectivo punk feminista Pussy Riot como “organización extremista”, lo que conlleva la prohibición total de sus actividades e incluso criminaliza cualquier interacción con el grupo dentro de la Federación Rusa, incluidos “me gusta” en redes sociales, pasados o presentes. La decisión judicial se produjo en una vista celebrada a puerta cerrada y a instancias de las autoridades acusadoras.
El fallo se inscribe en la ampliación del uso de la legislatura rusa sobre “extremismo”, habitualmente invocada para reprimir críticas al poder y a la política oficial. Las autoridades han sostenido que las acciones de Pussy Riot —réplicas de protestas contra el presidente Vladímir Putin y su política, incluida la guerra en Ucrania— representan “una amenaza a la seguridad del Estado” y se suman a causas penales abiertas contra sus miembros, muchos de los cuales ya han sido sentenciados en ausencia por cargos relacionados con supuesta difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas.
La etiqueta de “organización extremista” implica que cualquier forma de apoyo, promoción o simpatía hacia el colectivo puede considerarse un delito, prohibiendo incluso la posesión de material del grupo o interacciones en plataformas digitales. Las autoridades rusas mantienen desde hace años una intensa política de represión legal contra organizaciones y voces críticas, incluyendo movimientos de defensa de derechos humanos y colectivos culturales y políticos opositores.
Pussy Riot, fundado en 2011 y conocido por sus actuaciones provocadoras y sus posturas feministas y contrarias a la guerra, ha sido objeto de múltiples acciones represivas en el pasado, incluido el encarcelamiento de integrantes tras un protesto en una catedral de Moscú en 2012. Las integrantes que actualmente viven en el extranjero han denunciado que esta última decisión judicial forma parte de un esfuerzo más amplio del Kremlin por silenciar la disidencia y borrar del espacio público las voces críticas.
