La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años y diez meses de cárcel para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por delitos de falsedad en documento mercantil continuada y estafa agravada en la obtención de subvenciones públicas entre 2015 y 2019. Para su socio, Juan Enrique Adell Bover, la petición fiscal es de tres años de prisión.
Los hechos se centran en ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña para la promoción del valenciano en medios de comunicación. Francisco Puig, a través de las empresas Comunicacions dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L., y Adell Bover, mediante Canal Maestrat S.L., habrían cobrado subvenciones superiores a lo debido mediante facturas falsas, sociedades instrumentales y domicilios ficticios.
El auto de procesamiento, dictado en enero por el Juzgado de Instrucción 4 de València, identificó un fraude aproximado de 67.500 €, por debajo de los 120.000 € que tipifican el delito de fraude en subvenciones. Sin embargo, los indicios fueron suficientes para acusarles de estafa y falsedad documental.
Según el escrito de la Fiscalía, Puig infló los gastos mediante facturas duplicadas relacionadas, entre otras, con la empresa Electra Energía. Se da la circunstancia de que algunas operativas se justificaron desde una “empresa ficticia” creada expresamente para tal fin. Por su parte, a Adell Bover se le atribuye haber cooperado en la emisión de documentación falsa con el mismo propósito económico.
El Ministerio Público también reclama una multa de diez meses a 20 €/día y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como una responsabilidad civil para Francis Puig de 110.691 €, divididos entre las dos administraciones; Adell Bover asumiría 74.710,75 € de manera solidaria.
El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha expresado respeto a la acción judicial y ha recordado que “la administración valenciana ha tenido cero casos de corrupción”, aunque pide esperar el desenlace judicial. Por su parte, el PP exige “responsabilidades políticas” al anterior Gobierno del Botànic, mientras Vox ve signos de “ideologización” en el uso de las subvenciones lingüísticas.
Ambos acusados se enfrentan ahora a la apertura de juicio oral. El caso surge en medio de una atención creciente hacia las subvenciones autonómicas destinadas a contenidos en lenguas cooficiales, y añade un nuevo capítulo al debate sobre el control del gasto público en materia cultural y lingüística.
