El Parlamento Europeo votó este jueves a favor del Reglamento de Retornos, con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La norma abre la puerta a que los Estados miembros puedan deportar inmigrantes irregulares a centros ubicados en terceros países, incluso distintos a su país de origen, y supone el giro más drástico en la política migratoria comunitaria en décadas.
El resultado fue posible por una alianza que ha roto las costuras del sistema institucional europeo. Ante el bloqueo de meses durante las negociaciones entre liberales y progresistas, el Partido Popular Europeo abrió el diálogo con los grupos de Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas, asumiendo su agenda respecto a migraciones. Se reveló además que los ultraconservadores y los grupos de ultraderecha habían creado un grupo de WhatsApp para redactar enmiendas y coordinar posiciones de cara al voto, lo que demuestra una cooperación mucho más estrecha de lo que se había reconocido oficialmente.
El modelo que inspira la norma es el que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, puso en marcha en 2024. Italia construyó centros de retorno en Albania para enviar migrantes, aunque en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales. La UE pretende ahora dar cobertura legal a esa fórmula a escala continental.
El contenido del reglamento endurece las condiciones en varios frentes. Se exige a los migrantes cooperar activamente en su proceso de retorno, y si no lo hicieran se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta castigos penales que incluyen el encarcelamiento. También se permite la detención basada en riesgo de fuga, con un período que puede alcanzar los 12 meses, prorrogable otros 12 si hay falta de cooperación. La interposición de un recurso contra una orden de retorno tampoco suspenderá automáticamente la expulsión, salvo que un juez lo determine expresamente. Sí quedó fuera del texto final la posibilidad de registrar domicilios particulares, lo que algunos habían bautizado como el ICE europeo.
España ha quedado en una posición incómoda. El Gobierno de Sánchez fue el único que votó en contra cuando los Estados miembros adoptaron su posición en diciembre de 2025. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó serias dudas jurídicas, políticas y económicas sobre los centros de retorno y alegó que podrían provocar un impacto negativo en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.
La izquierda y las organizaciones de derechos humanos han reaccionado con dureza. Amnistía Internacional advirtió que la postura implicaba medidas sin precedentes de detención, sanciones y privación de derechos basadas en la situación migratoria, y que el acuerdo se alcanzó de forma apresurada mediante negociaciones sin escrutinio adecuado ni evaluaciones significativas de derechos humanos. Desde Vox se admitió sin ambages que este texto es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración.
Ese mismo jueves tuvo lugar el primer trílogo de negociación entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo para consensuar el texto definitivo. Los populares esperan que las conversaciones sean relativamente rápidas, dado que los compromisos adquiridos en la Eurocámara son muy cercanos al texto de la Comisión. Cuando ese proceso concluya, el reglamento será de obligado cumplimiento para todos los países miembros.
