Uno de cada tres pisos vendidos en Canarias va a parar a manos de alguien que no va a vivir en él. Un extranjero con dinero suficiente para comprar un activo al sol, segunda residencia, inversión, colchón de rentabilidad en euros. Una transacción perfectamente legal. Perfectamente agotadora para quienes llevan años sin poder encontrar dónde instalarse en la isla donde nacieron.
Fernando Clavijo abrió esta semana el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad con un anuncio que en cualquier otra región pasaría por declaración de guerra: Canarias va a contratar un despacho jurídico para encontrar el modo de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes. Lo llama “ofensiva político-jurídica”. Lo que revela, sin quererlo del todo, es que el archipiélago lleva tanto tiempo esperando que el Estado le dé instrumentos propios que ahora tiene que buscar en letra pequeña lo que debería estar escrito en grande.
El diagnóstico no tiene margen de discusión: Canarias necesita construir unas 15.000 viviendas al año para cubrir la demanda. Construirá, si todo va bien, entre 6.000 y 7.000. La diferencia no es un problema de eficiencia administrativa ni de suelo mal gestionado. Es la consecuencia acumulada de años de crecimiento demográfico sin planificación, de un modelo turístico que ha convertido cada metro cuadrado en activo financiero y de un marco legal nacional que no distingue entre un mercado inmobiliario ordinario y uno bajo presión de isla pequeña con recursos finitos.
Los territorios con régimen especial en Europa —Malta, las Åland, ciertas regiones alpinas— llevan décadas aplicando restricciones a la compra por no residentes. Canarias siempre ha pedido ese tipo de herramientas. Madrid siempre ha respondido con el argumento del mercado único, la libre circulación de capitales, la complejidad jurídica. Clavijo lo resume bien cuando dice que será una “batalla dura”. Lo que no dice, aunque está implícito, es que la batalla debería haberla peleado el Estado mucho antes.
La ley autonómica de viviendas vacacionales aprobada en diciembre pasado puso un techo al 10% del parque residencial por barrio con destino turístico. Fue un paso real, tardío, pero real. La limitación a la compra por extranjeros no residentes sería otro. La cuestión es que ambas medidas tienen que abrirse camino contra un entramado normativo que no se diseñó pensando en Canarias y que el Estado nunca ha querido reinterpretar a su favor con la misma diligencia con que ha reinterpretado otros asuntos.
Mientras tanto, una familia de clase media en Santa Cruz o en La Laguna compite en el mismo mercado que un fondo de inversión con base en Fráncfort o con un jubilado nórdico con pensión en otra divisa. No es competencia: es una ilusión de competencia con trampa incorporada. Llamar a eso mercado libre es un eufemismo que no se puede sostener cuando el resultado es que los residentes quedan fuera del tablero.
Clavijo tiene razón en la pelea. Lo que la ciudadanía canaria necesita saber es si esta vez el Estado va a ponerse de su lado antes de que el despacho jurídico haya agotado todos los artículos.
