La Administración de Donald Trump ha lanzado una advertencia directa al Gobierno de Cuba, instándole a acometer transformaciones profundas de manera inmediata ante la gravedad de la crisis económica y social que atraviesa la isla. A través de su portavoz, Karoline Leavitt, la Casa Blanca ha calificado al Ejecutivo cubano como un régimen que está cayendo y ha asegurado que el país se encuentra en un proceso de derrumbe que hace insostenible el actual modelo de gestión.
Durante una comparecencia ante los medios, Leavitt ha subrayado que Estados Unidos permanece atento a las decisiones que tome el Gobierno de La Habana en el futuro próximo. Según la portavoz, el interés de la propia cúpula cubana debería ser implementar estos cambios drásticos para evitar un desenlace aún más crítico. Esta declaración supone un endurecimiento significativo del tono diplomático y marca el inicio de una nueva fase en la política exterior de Washington hacia la región, caracterizada por la exigencia de resultados inmediatos.
La situación en Cuba, marcada por apagones masivos, escasez de alimentos y una inflación descontrolada, ha sido el eje sobre el que ha pivotado el mensaje de la Administración Trump. Desde Washington se interpreta que el deterioro de las condiciones de vida en la isla ha llegado a un punto de no retorno que obliga a una transición o, al menos, a una apertura estructural que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha evitado hasta ahora. La Casa Blanca no ha especificado qué medidas de presión adicionales podrían adoptarse, pero ha dejado claro que la observación sobre el terreno es constante.
Con este mensaje, el Gobierno estadounidense busca posicionarse como un actor determinante en el devenir de la isla, vinculando cualquier posible alivio de la presión o interlocución futura a una reforma política y económica que sea, en palabras de la portavoz, verdaderamente dramática.
