El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha visto envuelto en una polémica tras negarse a devolver los 1.200 € adelantados por sus propios agentes de policía, quienes fueron desplazados el pasado mes de julio a Mallorca para garantizar la seguridad perimetral del Palacio de Marivent, residencia estival de la Casa Real.
Cuarenta agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Valencia fueron remitidos a Mallorca entre finales de junio y mediados de julio para reforzar la seguridad. Recibieron un anticipo de dietas que resultó claramente insuficiente: solo cubría la estancia hasta una fecha temprana, obligándoles a adelantar casi 900 € de su bolsillo para completar el periodo requerido de servicio. La cantidad total citada por varios sindicatos asciende hasta los 1.200 € por agente.
Los agentes tuvieron que abandonar el hotel cuando no pudieron hacer frente al resto de los gastos. Denuncian una situación de abandono institucional, sin instrucciones claras, que los dejó literalmente “en la calle” durante varios días en pleno verano y a casi 40 °C.
Desde los sindicatos —especialmente Jupol y SUP— critican la gestión del Ministerio por tratar a los policías como si fueran “prestamistas”, mientras deben asumir gastos de alojamiento y alimentación sin garantía de reembolso ni condiciones mínimas de dignidad.
El Ministerio del Interior reconoce que los pagos pueden tardar entre dos y tres meses debido al déficit de liquidez en las cajas pagadoras de las comisarías. Aseguran que se adelantó el 80 % de las dietas, tal y como establece la normativa —si bien esto no evitó que los agentes anticiparan grandes sumas de su bolsillo.
En cuanto al importe, Marlaska sostiene que no se trata de una deuda impaga, sino de un retraso administrativo que se subsanará según proceda, aunque sin un plazo concreto para el abono.
Las cuantías diarias equivalen a 48,92 € para alojamiento y 28,21 € para manutención, un total de 77,13 €/día, establecido en el Real Decreto 462/2002. Estas cifras, sin actualizar desde entonces, son consideradas insuficientes por los propios sindicatos, especialmente en destinos turísticos donde el coste real —como en Baleares— supera ampliamente esos límites.
La situación ha generado protestas constantes, e incluso el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda del sindicato Jupol para obligar al Gobierno a actualizar estas dietas. Además, los sindicatos exigen intereses de demora, ante la acumulación de importes adeudados, que en algunos casos alcanzan hasta 4.000 € por agente.
